Amy Goodman y Denis Moynihan
Si logra su objetivo, este mes, el gobernador republicano de
Arkansas, Asa Hutchinson, ejecutará a ocho hombres en once días. El 27 de
febrero de este año, Hutchinson emitió las órdenes de ejecución de los
reclusos, con jornadas de doble ejecución pautadas para el 17, 20, 24 y 27 de
abril, porque el suministro estatal de midazolam, uno de los tres fármacos que
se utiliza en el “cóctel” de ejecución, vencerá a fines de abril. Al momento de
escribir esta columna, tres de las ocho ejecuciones fueron suspendidas
temporalmente; las otras cinco tienen fecha programada en lo que sería una
ráfaga de ejecuciones sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.
Megan McCracken es abogada y forma parte de la Clínica
Jurídica sobre Pena de Muerte de la Facultad de Derecho de la Universidad de
California, en Berkeley. En una entrevista para Democracy Now!, declaró: “El
midazolam es un fármaco ansiolítico, una benzodiacepina. Como ansiolítico es
potente y se usa en el pre-operatorio en las cirugías, pero no es un
anestésico. Eso significa que no es el tipo de fármaco que se usa solo para que
una persona despierta y consciente sea sometida a anestesia quirúrgica y sea
mantenida en ese estado. Y eso es lo que se necesitaría para que la ejecución
sea humana, en virtud de la Constitución. Este fármaco no es apropiado para
ello. Tenemos una situación creada por el estado donde se apresura a utilizar
un fármaco antes de su vencimiento, incluso cuando el mismo no es apropiado
para el uso que se le quiere dar”. El midazolam es el primer fármaco del combo
letal de Arkansas que se inyecta al condenado durante la ejecución.
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Amy Goodman y Denis Moynihan
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Los fármacos utilizados en ejecuciones mediante inyección
letal se están volviendo cada vez más difíciles de adquirir. Las farmacéuticas
no quieren verse asociadas con la práctica de la pena de muerte, cada vez más
impopular, y la Unión Europea ha prohibido la venta de fármacos para ejecución
desde 2011, en parte por la sensibilidad asociada al Holocausto (sí, secretario
de Prensa Sean Spicer; Adolf Hitler usó gas para matar a millones de personas).
Cada uno de los ocho hombres cuya ejecución programó para
este mes el gobernador Hutchinson presenta circunstancias particulares, pero
todos caen en las categorías comunes de los condenados a muerte en Estados
Unidos: personas pobres, desproporcionadamente de color, mayormente hallados
culpables de un crimen que involucraba una víctima blanca, e incapaces de
implementar el tipo de defensa enérgica que los acusados más pudientes pueden presentar.
Damien Echols conoce muy bien el pabellón de los condenados
a muerte de la cárcel de Arkansas: pasó más de 18 años en él. Echols era uno de
los llamados “tres de West Memphis”, encarcelados por el asesinato de tres
niños de 8 años en 1993. Se hicieron cuatro documentales sobre ese caso, que
concitaron atención mundial y generaron un seguimiento más amplio del caso.
Años más tarde, con la aparición de mejores pruebas de ADN, él y los otros dos
acusados fueron liberados en 2011.
Echols declaró en Democracy Now!: “Son personas que conozco
personalmente por haber convivido durante un largo tiempo. Son personas que
tienen un coeficiente intelectual de 70. Algunos de ellos son mentalmente
dementes. Se cree que un par de ellos son inocentes”. Una de las ejecuciones
programadas es la de Don Davis.
Echols habló sobre este caso: “Mató a una mujer al invadir
un hogar, durante un robo. Y decía que, desde que lo hizo, esto lo torturaba y
lo torturaría todos los días por el resto de su vida. Lloraba al relatarlo.
Decía que desearía poder ser tan malvado como lo consideraban las personas que
querían matarlo, para no tener conciencia y ya no sentirse mal por ello. Cada
noche, cuando regresaba a su celda, era lo único en lo que pensaba durante toda
la noche. Este es un hombre que ha estado allí durante 25 años y ha tenido una
increíble cantidad de tiempo para reflexionar sobre lo que hizo, y está
sinceramente arrepentido”.
A pesar de sufrir varios ataques de ansiedad, Damien Echols
regresó a Arkansas, el estado que casi lo mata, para participar en una
manifestación en el Capitolio de Arkansas el Viernes Santo, acompañado por su
amigo, el actor Johnny Depp.
Cerca del Capitolio, frente a la mansión del gobernador,
media docena de personas portaba carteles contra la pena de muerte. Frente a
ellos, un hombre afroestadounidense se acostó en una cama plegable, como si
estuviera en la camilla de la cámara de la muerte a la espera de su ejecución.
Ese hombre era el juez Wendell Griffen.
El juez Griffen, del estado de Arkansas, había emitido una
orden de restricción temporal de las ejecuciones en respuesta a una petición
presentada por la compañía McKesson Corp., que distribuye productos químicos.
McKeeson afirma que el Departamento Correccional de Arkansas los embaucó para
adquirir bromuro de vecuronio, uno de los fármacos letales del cóctel para
ejecuciones del estado. McKesson solo vende bromuro de vecuronio para fines
médicos autorizados, los cuales no incluyen ejecuciones. La orden de
restricción del juez Griffen, junto con el inminente vencimiento de la demanda
estatal de midazolam, podría detener efectivamente las ejecuciones en Arkansas
de forma indefinida. Eso sucedería a pesar de que, en respuesta a su
participación en la protesta contra la pena de muerte, la Corte Suprema de
Arkansas destituyó a Griffen de su autoridad para supervisar todo caso de pena
de muerte.
Mientras tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos está
considerando una apelación de los reclusos condenados a muerte de Arkansas. Por
el momento, el objetivo del gobernador Asa Hutchinson de supervisar la
ejecución de ocho hombres pende de un hilo.
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