Los últimos episodios de represión no alcanzaron para saciar
la sed de violencia que viene mostrando el gobierno Nacional. La ministra
Patricia Bullrich lo advirtió, y casi paso desapercibido. Ahora, envalentonado
el oficialismo va por todo e intentará legalizar la represión y penar con
prisión efectiva la protesta social, amparada por la Constitución Nacional y
tratados internacionales, vía la modificación del Código Penal.
a clase dominante no quiere a los “negros”, o
“choriplaneros” como suelen tildarlos a modo despectivo, esto no es una novedad
y el PRO responde a esa pequeña porción de la sociedad. Por esto reprimen
brutalmente a quienes salen a las calles a pelear por sus derechos. El problema
con esta situación es que roza la ilegalidad. Entonces, en lugar de ajustarse a
las leyes tal y como están previstas; lo más conveniente es modificarlas de
modo tal, que la represión -y valga el término en toda su dimensión porqué en
algunos medios está prohibido utilizarlo- sea completamente legal y se ajuste a
derecho. Así el gobierno Nacional busca doblegar a quienes “osen revelarse
contra un sistema que los oprime”.
Así, el denominado “PROYECTO DE LEY DE REFORMA AL CODIGO
PENAL DE LA NACION CONTRA AGRESIONES EN PIQUETES E INTIMIDACION PUBLICA”, busca
legalizar la represión modificando 5 artículos del Código Penal vigente, donde
se pena el mero hecho de estar en las calles pidiendo trabajo, mejores salarios
o condiciones laborales, o tan solo impidiendo el tránsito, será pasible de ser
detenida, recibir una prisión preventiva y eventualmente, una condena firme de
prisión efectiva.
Si bien es un borrador y no lleva firma, fuentes consultadas
por este medio confirmaron que está en estudio y lo tienen en su poder todas
las bancadas de la Alianza Cambiemos
Según lo establece el artículo 194 del nuevo código, “El
que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o
entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o
aire o los servicios públicos de comunicación… será reprimido con prisión de
tres meses a dos años. La pena será de dos a seis años si dichos actos fueran
cometidos en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de
elementos contundentes… o con la cara cubierta de modo de impedir su
identificación”.
La norma prevé modificar otros 4 artículos, de modo tal de
que se cambie totalmente –y en perjuicio del manifestante- los conceptos de
“amenaza” u “extorsión”.
La pena será de dos a seis años si dichos actos fueran
cometidos en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de
elementos contundentes
Según relataron dos miembros de la Unión de Empleados de la
Justicia de la Nación (UEJN) al portal Infonews: “si se realiza una
movilización al Ministerio de Trabajo para exigir a las autoridades una
determinada medida y se concurre con elementos contundentes (como pueden ser
los estandartes o bombos o los palos para tocarlos) y un juez considera que la
protesta es ilegítima y que se trata de una amenaza a los funcionarios para
hacer algo contra su voluntad, un manifestante podría estar preso hasta diez
años”.
Entre los fundamentos del proyecto, se invocan (sic) “hechos
violentos que a diario se cometen y que poco a poco internalizamos como
normales e inevitables cuando no son más que la negación del ejercicio de otros
derechos constitucionales de la mayoría del cuerpo social”. Se apela al
Protocolo Antipiquetes que el Ministerio de Seguridad aprobó en 2016 y, en un
claro avance contra la independencia de poderes, se refiere que (sic) “dicho
protocolo… debe apuntalarse desde la legislación penal para no dejar las
decisiones finales en manos de las autoridades inermes, fiscales temerosos y
jueces politizados”.
Ahora, envalentonado el gobierno va por todo. Las escuetas
muestras de apoyo, amplificadas por los medios oficialistas y una encuesta de
dudosa interpretación, fueron suficientes para que el Ejecutivo aplique mano
dura, tal como se lo exige el núcleo duro que lo apoyó en las últimas
elecciones, pero que no reviste una representatividad lo suficientemente amplia
como para arrogarse la tutela para ejercer semejante violencia contra el pueblo
trabajador, la prueba está en que el resultado del balotaje que llevó a
Mauricio Macri al poder, apenas marcó una sutil diferencia con la oposición
encabezada por el candidato del FPV-PJ, Daniel Scioli.
Luego de repetidas situaciones donde se reprimió
violentamente a trabajadores que ven con preocupación como se avanza contra sus
legítimos derechos, el hecho que rozó la locura total fue la paliza que le
dieron a los maestros el domingo pasado al intentar montar la ya funcional
“Escuela Pública Itinerante”, algo que
Pero ya vimos reprimir en una murga en la Villa 1, 11-14, en
un comedor infantil de Villa Caraza, en una manifestación en la Panamericana,
en un acto de maestros en el Congreso. Vimos a policías de civil sacando de los
pelos aun grupo de mujeres en una pizzería en Plaza de Mayo. Vemos a diario
grabaciones “caseras” de atropellos y abusos de autoridad. La penúltima, un
policía de civil registrando a un indigente, intimidando a la propia persona
que registraba la escena. La última (al cierre de esta nota), dos policías
agarrando del cuello a una persona que los filmaba. A lo mejor se trata de
meras casualidades. Pero después no digan que nadie avisó.
A continuación el texto del proyecto que busca penar la
protesta social
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