19 julio, 2017
Por Alfredo Silletta. El intento
de meter preso a Lula da Silva en Brasil para que no se presente como candidato
en las elecciones de 2018 y el hecho que Cristina Kirchner encabece todas las
encuestas en la provincia de Buenos Aires enloqueció a la mesa chica del
presidente Mauricio Macri, a los medios hegemónicos y al partido judicial. “Hay
que frenarla ya, no puede ganar las elecciones”, dice un alto funcionario de la
Rosada. Los medios hegemónicos lo tomaron al pie de la letra y tanto el Grupo
Clarín como el diario La Nación salieron a presionar para que el juez Claudio
Bonadío la detenga.
Ayer, el periodista de radio
Mitre pedía a los gritos al juez Bonadío que detenga a Cristina. Consultado por
Pablo Rossi, el magistrado explicó qué ocurriría si se comprobara que la
responsable de obstruir la justicia fuera Cristina. “No puedo hacer
futurología. Si se acredita la hipótesis, se tomarán las decisiones procesales
que correspondan”. Luego agregó: “Después de rodar la primera piedra, puede
haber una etapa que parezca muerta, pero luego el desmoronamiento y la
aceleración de los tiempos procesales los fijan las pruebas.”
Hoy el columnista estrella de La
Nación, Joaquín Morales Solá, afirmó que la ex presidenta “está a punto de ir
presa”. Dice que, si el contador afirmará que recibió órdenes de ella,
automáticamente va a la cárcel. “Por primera vez Cristina Kirchner está cerca
de la prisión”, enfatiza el columnista.
La Constitución en su artículo 68
señala que ningún miembro del Congreso puede ser acusado o interrogado
judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita
desempeñando su mandato de legislador. En el artículo 69 afirma que ningún
legislador puede ser detenido, excepto en caso de ser sorprendido in fragante
en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte.
El derecho de los legisladores
fue limitado por la Ley de Fueros aprobada en septiembre de 2000 luego del
escándalo por los sobornos que se pagaron por la aprobación de la llamada “ley
de reforma laboral”. En ella se establece que un legislador no puede ser
encarcelado durante su mandato, a menos que haya sido desaforado, pero sí puede
llevarse adelante todo el resto del proceso judicial. Lo que la ley sí prohíbe
es que se allanen el domicilio o las oficinas de los legisladores. En los
artículos 3 y 4 especifica que si un legislador fuera detenido, el juez deberá
informar al Congreso quien decidirá si se le retira o no los fueros con los dos
tercios de los votos y en caso de denegar el pedido de desafuero el juez deberá
disponer la inmediata libertad del legislador.
Los fueron tienen como función
que los miembros del Congreso, también el presidente, vicepresidente y
ministros puedan llevar adelante su trabajo sin impedimentos. Sin fueros o
inmunidades un presidente podría impulsar que se arreste a legisladores que
obstaculicen sus proyectos, o un juez podría mandar a arrestar a un presidente
con cuya política no acuerde, lo que implicaría situaciones de golpe de Estado
institucional.
La ley dice que Cristina ya tiene
oficializada su candidatura a legisladora por la provincia de Buenos Aires, de
allí que no puede ser detenida. En caso de suceder sería un escándalo nacional
e internacional. Cientos de miles de personas irían hacia la cárcel a pedir por
la liberación de la ex presidenta. Macri, ante los ojos del mundo, quedaría
como el presidente que detiene a la candidata que todas las encuestas la ponen
primera en la provincia. Además, según palabras de Jorge Landau, un
especialista en legislación electoral, aunque fuera detenida su candidatura
seguiría en curso, no se la puede frenar.
La pregunta final es si
Macri-Magnetto-Bonadío se atreverán a tomar una medida inconstitucional con los
riesgos que conllevará a la democracia recuperada en 1983.
Fuente:http://info135.com.ar
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