07 DE JULIO DE 2017
Amy Goodman
y Denis Moynihan
El presidente Donald Trump sigue sin asumir que perdió el
voto popular contra Hillary Clinton en las últimas elecciones. Perdió por una
diferencia abrumadora de 2.800.000 votos, pero ganó el Colegio Electoral y, por
ende, la presidencia. Aun así, ha declarado en varias ocasiones que entre tres
y cinco millones de personas votaron de forma ilegal por Hillary Clinton. Esta
cifra, de ser cierta, querría decir que también habría ganado el voto popular.
El problema es que no es cierta. Entonces, para respaldar sus declaraciones
fantasiosas, Trump anunció el 11 de mayo que iba a lanzar la “Comisión Asesora
Presidencial sobre Integridad Electoral” para investigar el fraude electoral.
Como vicepresidente de la comisión nombró al polémico secretario de Estado de Kansas
Kris Kobach, un feroz opositor de la comunidad inmigrante.
El 28 de junio, Kobach envió una solicitud a los 50 estados
y al Distrito de Columbia de Estados Unidos con un amplio pedido de información
personal sobre cada votante del país. Los datos requeridos incluían detalles
como nombre, dirección, número de Seguro Social, afiliación partidaria, y más.
La respuesta fue rápida y bipartidista: 44 estados y el Distrito de Columbia se
negaron parcial o totalmente a entregar los datos. El secretario de Estado
republicano de Mississippi, Delbert Hosemann, respondió que Kobach podía
“tirarse al golfo” de México, y sugirió que Mississippi sería un buen lugar
desde donde dar el salto.
El secretario de Estado de California, el demócrata Alex
Padilla, dijo: “No voy a brindar información delicada de los votantes a una
comisión que ya ha determinado incorrectamente que millones de californianos
votaron ilegalmente. La participación de California solo serviría para
legitimar las acusaciones falsas y ya desacreditadas de fraude electoral
esgrimidas por el presidente, el vicepresidente y el señor Kobach”. El mismo
Kobach no ha cumplido plenamente con su propia petición. En una entrevista,
admitió: “En Kansas, el número de Seguro Social no está disponible de forma
pública”.
Lo que es más preocupante para los activistas por el derecho
al voto y los derechos civiles es el potencial que tiene esta comisión para
aumentar e institucionalizar la supresión de votantes del padrón, que ha sido
durante mucho tiempo fundamental para la estrategia electoral republicana. En
el otoño de 1980, Paul Weyrich, activista conservador republicano que fundó
instituciones de derecha como la Fundación Heritage, la organización Mayoría
Moral y el Comité de Intercambio Legislativo Estadounidense, expresó durante
una conferencia en Dallas: “No quiero que voten todos. Las elecciones no se
ganan con una mayoría de personas, nunca fue así desde el principio de nuestro
país, y no es así ahora. De hecho, nuestra influencia en las elecciones, con
toda franqueza, aumenta a medida que disminuye la población votante”.
Pensemos en Kris Kobach como el Paul Weyrich de nuestro
tiempo. “La ACLU ha demandado a Kobach cuatro veces por supresión de votantes y
ganó todos los casos”, escribió la Unión Estadounidense por las Libertades
Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) sobre la nueva comisión electoral de
Trump. “El problema que tenemos en este país no es el fraude electoral: es la
supresión de votantes. Y en ese frente, Kobach es el enemigo público número
uno”. El periodista Ari Berman ha escrito sobre la supresión de votantes
durante años, y tiene un libro de su autoría al respecto.
En una entrevista para Democracy Now!, Berman expresó:
“Kobach es realmente el principal artífice de las medidas de supresión de
votantes en todo el país. Antes de ser un destacado defensor de la supresión de
votantes, fue un destacado defensor de la restricción de la inmigración. La
mayoría de la gente piensa en estas dos cosas como temas aparte. Piensan en la
inmigración, y piensan en el voto. Pero lo que Kobach ha intentado hacer es
combinar estos dos temas. Así, primero redactó todas estas leyes en contra de
la inmigración, como la SB 1070 de Arizona, conocida como “presente sus
papeles”, con la cual la policía podía detener a cualquiera y comprobar su
ciudadanía bajo la sospecha razonable de que estuvieran en el país de forma
ilegal. Recorrió todo el país redactando este tipo de leyes. Luego se convirtió
en el secretario de Estado de Kansas y comenzó a redactar leyes que atentan
contra el derecho al voto. Y básicamente lo que decía era que todas estas
personas estaban en el país ilegalmente y que estaban votando de manera ilegal
también. Así que combinó su sentimiento anti-inmigrantes con políticas para
restringir el derecho al voto”.
El Comité de Abogados Defensores de los Derechos Civiles
Bajo la Ley ha presentado una demanda judicial contra Kobach en virtud de la
Ley Hatch. Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva del grupo, dijo en
una entrevista para Democracy Now!: “Esta es una ley que fue aprobada por el
Congreso en 1939 y prohíbe a los empleados federales usar su cargo oficial del
gobierno para participar en actividades políticas”. Clarke nombra varios casos
donde Kobach ha violado la ley. “Hay 200 millones de votantes registrados en
nuestro país, y nunca hemos visto una acción semejante para rastrear y
recopilar esta extensa y vasta cantidad de datos sobre las personas de nuestro
país”.
El Centro de Información sobre Privacidad Electrónica (EPIC,
por su sigla en inglés) presentó una moción de emergencia para bloquear la
divulgación de la información de los votantes estatales a la comisión. Este
centro argumentó que es una violación del derecho constitucional a la
privacidad y que la mera transferencia de los datos pone en riesgo la
información privada de todo el electorado estadounidense. Sí, Donald Trump
perdió el voto popular en 2016. Pero si Kris Kobach y sus aliados republicanos
obtienen los datos y logran suprimir electores de los padrones, Trump podría
encaminarse hacia una victoria arrolladora en 2020.
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