Comunicado de prensa
Concepción, Corrientes. 25 de julio de 2017
DESPUÉS DE LA INUNDACIÓN AMENAZA DE DESALOJO EN EL IBERA
La comunidad Guarani Jahavere vive una difícil situación.
Las inundaciones recientes que anegaron 2 millones de
hectáreas en toda la provincia afectaron duramente a la población campesina más
humilde.
Alrededor de 8 mil dueños de menos de 200 cabezas de ganado,
es decir productores en economía de subsistencia, perdieron más de 60 mil
cabezas de ganado en total.
Jahavere, ubicada sobre lomadas e islas en el centro del
Iberá (Municipio de Concepción), no fue la excepción, pero el impacto de las
crecidas se magnifico por el terraplén ilegal, que lejos de ser destruido (lo
que exige la sentencia judicial) fue reparado por la empresa Haciendas San
Eugenio en vísperas de la crecida.
Vale recordar que en marzo de este año familias de la
comunidad Jahaveré realizaron una nueva denuncia contra la ampliación y
reconstrucción del terraplén ilegal por parte de Hacienda San Eugenio. La
denuncia es tramitada por el Juzgado Correccional N° 1 de Corrientes, a cargo
de la jueza Gabriela Aromí de Sommer, y el titular de la Fiscalía en lo
Correccional N° 1 de Corrientes, Pablo Sosa, que llevaron adelante varias
inspecciones judiciales en el Paraje Jahaveré.
Ante el duro impacto del agua casi todos los pobladores se
evacuaron en el pueblo de Concepción y por la ausencia del Estado fueron
asistidos solidariamente por cooperativas de la economía popular organizadas
por el MTE - CTEP, cuyo referente nacional es Juan Grabois. Ellos proveyeron de
urgencia colchones y mercaderías.
Pero ahora que las aguas están bajando otra amenaza pone en
jaque el poblamiento de la zona. Los empleados de Kristine McDavitt, la viuda
de Douglas Tompkins, amenazan con sacar las vacas de la única loma con pasto,
aprovechando la poca presencia de pobladores en el aun encharcado paraje.
“Fuimos afectados al cien por ciento, porque las casas
quedaron bajo agua, y las familias tuvieron que irse de la comunidad, perdimos
tanto cosas materiales, como la producción de las chacras, las aves de corral
que terminan a la deriva, se perdieron chanchos y ovejas que si no se los mata
terminan muriendo. Y los vacunos hay que mover y reclamar contantemente un
lugar, porque las tierras altas están todas alambradas" relató Miriam
Sotelo, integrante de la comunidad de Jahaveré. “Nos afecta aún más no tener un
sitio definido para llevar nuestros animales, como antes cuando que podíamos
decidir moverlos a una loma y nadie nos echaba” recordó Sotelo.
No es la primera vez que ocurren estas prácticas contra los
pobladores, ha sido común en el pasado, tanto por parte de los empleados de
Tompkins como de Hacienda San Eugenio. No sólo desalojar vacas, sino también
matar chanchos, dando un duro golpe a la economía de los originarios.
"Amedrentan, presionan, desalojan las vacas, cierran
tranqueras, impiden el acceso a los montes para sacar leña a una veintena de
familias en 15 mil hectáreas. No es un problema ecológico de conservación. Es
un problema ideológico de una minoría que responde a interés norteamericanos
ajenos a las necesidades de los Correntinos." declaró Emilio Spataro,
ecologista fundador de Guardianes del Iberá.
"No se sostiene en ninguna argumentación ambiental que
vos quieras ‘donar’ tierras al Estado para hacer un parque nacional y al mismo
tiempo niegues el uso tradicional y respetuoso con la naturaleza que llevan
adelante desde hace generaciones sus pobladores originarios. Hay una estrategia
de control del territorio y de toma de decisiones que afecta duramente las
posibilidades de continuidad de existencia de la biocultura del Ibera."
afirmó el ambientalista.
La lucha territorial de las comunidades guaraníes en
Corrientes, también se manifiesta en la exigencia del cumplimiento de la Ley
Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígena, que debe aplicar
el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Esta ley, ordena realizar un
relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las
tierras ocupadas por comunidades indígenas (ocupación actual, tradicional y
pública), declara la emergencia en materia de posesión y propiedad y ordena
suspender la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo
objeto sea el desalojo de las comunidades de sus territorios.
“En noviembre vence la prórroga de la Ley, y nosotros
venimos pidiendo el relevamiento como hace dos años, para que se realice en el
territorio que nosotros reclamamos, que es nuestra herencia, nuestro
patrimonio, nuestro hogar. Esperamos que se cumpla el relevamiento antes de que
venza la prórroga” manifestó Sotelo.
Además, Spataro recordó que las organizaciones ecologistas
están impulsando una ley nacional de protección de los humedales “para que
obras mal planificadas no destruyan más estos ambientes y se respete los
derechos, opiniones e intereses de sus pobladores originarios”. Y concluyó
“queremos que la protección de los humedales sea una política pública, no la
excusa de una elite para vaciar los territorios de campesinos pobres".
Contactos:
Miriam Sotelo
Dirigente Guarani (CPI)
Federación Campesina Guaraní de Corrientes MTE – CTEP
3782414422
Rodolfo Leiva
Poblador de Jahavere
3782453756
Emilio Spataro
Ecologista
Fundador de Guardianes del Iberá
3794042223
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