Censura a un abogado de Abuelas de Plaza de Mayo
Alan Iud ganó un concurso para fiscal y su pliego estaba
listo para ser aprobado en la Comisión de Acuerdos del Senado. Pero el Poder
Ejecutivo retiró su nombre sin ofrecer ningún argumento. Estela de Carlotto
asegura que es “discriminación”.
Para el Gobierno, ser integrante de Abuelas de Plaza de Mayo
es un demérito. Así se desprende de una medida adoptada la semana pasada: pidió
al Senado el retiro del pliego de Alan Iud, abogado de ese organismo de
derechos humanos, que debía ser nombrado fiscal. “Es un acto discriminatorio”,
dijo a PáginaI12 Estela Carlotto, presidenta de Abuelas, quien lee detrás del
gesto una condena a la institución. Iud había ganado un concurso y a principios
de mes su nombramiento estaba listo para ser aprobado en la comisión de
Acuerdos, pero una decisión del Gobierno, sin fundamentos, lo dejó fuera. “No
hubo objeciones sobre la idoneidad del candidato”, confirmó el presidente de
esa comisión, el senador peronista Rodolfo Urtubey.
El pañuelo prohibido | Alan Iud: “Van contra los juicios de
lesa humanidad”
Por Franco Spinetta
PáginaI12 había anunciado hace dos semanas la intención del
Gobierno de retirar el nombre de Iud de los candidatos para ocupar un cargo
como fiscal de la Procuración General, por el que el abogado de Abuelas
concursó en 2014. La medida se efectivizó el viernes 14 de julio con un mensaje
enviado al Senado firmado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos,
Germán Garavano y el presidente Mauricio Macri. El breve texto del Poder
Ejecutivo, que finaliza con la frase “Dios guarde vuestra honorabilidad”,
ingresó al Congreso el lunes 17 de julio. Ante una consulta de este diario,
desde el ministerio de Justicia no ofrecieron ningún fundamento sobre la
medida, pero transmitieron que el retiro no implicaba que más adelante el
pliego no pudiera volver. Algunas versiones hablaban de un acuerdo con un
sector del peronismo, pero el presidente de la comisión de Acuerdos lo
desmintió. “Nosotros no tenemos ninguna objeción sobre el candidato y si el
Ejecutivo cambia de idea lo votaríamos”, dijo a PáginaI12 Urtubey.
En 2014, cuando concursó para el cargo de fiscal de la
Procuración, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo salió primero en la
sumatoria de los exámenes oral y escrito y terminó quinto en la lista luego del
cómputo de los antecedentes. Como se concursaban cinco lugares, entró como
primer nombre de la quinta terna. Antes de terminar su mandato, Cristina
Fernández de Kirchner envió su pliego al Senado, pero poco después de asumir,
Mauricio Macri lo retiró para “revisarlo” junto con el de otros treinta
candidatos que eran “sospechados” de kirchneristas. En octubre del año pasado
el Gobierno decidió reenviar el pliego. El nombramiento quedó otra vez
congelado debido a una cautelar que cuestionó la forma en que se hicieron los
concursos en la Procuración en medio de la pelea del Gobierno con la titular de
ese organismo, Alejandra Gils Carbó. A principios de junio la Cámara en lo
Contencioso Administrativo Federal revocó esa medida, que había sido promovida
por la asociación civil “Será justicia”, ligada al macrismo y al
ultraconservador colegio de abogados de la calle Montevideo y avaló los
concursos realizados. De esa forma, todos los pliegos que estaban pendientes
debido a ese amparo quedaron en condiciones de ser tratados en comisión y
aprobados. El cinco de julio, el nombramiento de Iud como fiscal iba a recibir
dictamen aprobatorio en comisión. El texto estaba escrito, pero no fue firmado
por falta de quórum. Fue llamativa la ausencia no prevista del Presidente
Provisional del Senado y principal senador oficialista, Federico Pinedo. El
abogado de Abuelas no había recibido ninguna impugnación, sólo el mismo
reproche general por el método del Concurso, ahora validado por la Cámara en lo
Contencioso Administrativo Federal. Pero se convirtió en el único nombre que el
Gobierno reclamó retirar, luego de aquella “revisión” de los primeros días del
mandato.
“No puedo pensar bien de un gobierno que discrimina y de un
parlamento que apoya esa discriminación. Es muy desagradable. Es una persona de
alta capacidad y la capacidad y la honestidad tendrán que estar por encima de
cualquier diferencia. Está pasando con muchas personas, si no sos de
determinado partido político te echan o no te dan empleo. Alan Iud rindió todo
de manera satisfactoria y tiene una importante trayectoria de trabajo con las
Abuelas de Plaza de Mayo. Pero pareciera que llevó adelante juicios que
afectaron a ciertos sectores”, destacó Estela de Carlotto.
Iud tiene 36 años años. Hace once que trabaja como abogado
de la institución que busca a los hijos de desaparecidos apropiados durante el
terrorismo de Estado y desde mediados de 2009 es el coordinador del equipo
jurídico. Participó en decenas de causas vinculadas a delitos de lesa
humanidad, como en el juicio oral que determinó que hubo un Plan Sistemático de
robo de niños durante la última dictadura, en el que fueron condenados nueve
represores y en el que Jorge Rafael Videla fue recibió 50 años de prisión.
También intervino en la denuncia contra la dueña de Clarín, Ernestina Herrera
de Noble. Pero el Gobierno no parece estar enemistado con otras personas
vinculadas con esa causa, como es el caso de la jueza que lo llevó adelante,
Sandra Arroyo Salgado. Así que la objeción debe provenir por el trabajo general
de Iud en la búsqueda de niños desaparecidos, ya que como recordó Urtubey, en
el trámite parlamentario no se recibió ningún reproche por su idoneidad.
El mensaje del Ejecutivo solicitando el retiro del pliego de
Iud debe ser votado en el recinto. Técnicamente, los legisladores podrían
oponerse y rechazarlo, pero en la práctica esas comunicaciones son formales.
Urtubey señaló que ellos votarían favorablemente si el Gobierno mantuviera la
postulación.
Es muy poco usual que el gobierno se arrepienta de una
propuesta sin que haya ocurrido algo grave en el medio. Ni siquiera lo hizo con
Julio César Castro, que fue procesado por amenazas, violencia de género y abuso
sexual. Castro –que había sido jefe de la Unidad Fiscal de Delitos contra la
Integridad Sexual y luego fue investigado por la Procuración– ganó un concurso
para integrar un tribunal oral federal. El Gobierno nunca retiró su nombre. La
Comisión de Acuerdos y luego el Senado lo rechazaron. Y aunque el hecho se
produjo con conformidad con el oficialismo, el Ejecutivo no dio la señal
política que sí hizo con Iud. El Gobierno tampoco tiene ninguna objeción hacia
el fiscal Gustavo Fehlman, que fue denunciado por acoso por una alumna y tiene
una orden de restricción y podría convertirse en juez federal.
Es cierto que el abogado de Abuelas desentona con el perfil
general que está buscando Cambiemos para ocupar los cargos en el Poder Judicial
y en el Ministerio Público. Entre los postulantes del Poder Ejecutivo figura,
por ejemplo, Juan Ignacio Pérez Curci, ex subdirector de Acceso a la Justicia
de la provincia de Buenos Aires en la gestión de María Eugencia Vidal. Para la
Cámara Federal de Mendoza está propuesto Gustavo Castiñeira de Dios, vinculado
al radicalismo: fue subsecretario de Justicia de Julio Cobos. En Mendoza, Macri está en condiciones de
nombrar prácticamente toda la Cámara Federal (cinco de seis lugares). Estos
pliegos fueron remitidos al Senado en el último mes(al igual que tres
postulantes para la Cámara Nacional del Trabajo). Junto con Castiñeira de Dios,
entre los propuestos para esos cargos se destaca Olga Pura de Arrabal, quien
actualmente es jueza federal de primera instancia y tiene relación con el grupo
Vila-Manzano: dos de sus hijos trabajan allí y uno de ellos es ahijado de
bautismo de Alfredo Vila Santander, miembro del directorio de varias empresas
de ese grupo. En la misma línea, Pura de Arrabal es una de las magistradas que
falló en su momento contra la aplicación de la ley de Medios.
Carlos María Casas Noblega concursó como fiscal ante el
Tribunal Oral de Córdoba. Casas Noblega intervino como defensor público de
represores en Catamarca y fue impugnado por familiares de desaparecidos y ex
presos políticos de esa provincia. Más allá de que su rol fue como defensor
público y no particular, los organismos de derechos humanos cuestionan que
cuando el represor Ernesto Barreiro aportó una lista con los nombres de 18
desaparecidos, Casas Noblega señaló que eso era posible porque “los imputados
se conmueven y tienen sensibilidad por lo que escuchan”. Casas Noblega fue elegido por el gobierno por
sobre Facundo Trotta (estaba en la misma terna en segundo lugar y Casas Noblega
tercero), quien es fiscal subrogante en Córdoba y tuvo una actuación destacada
en el megajuicio por el centro clandestino “La Perla”. Con el mismo perfil
aparece José Gabriel Bongiovanni Servera -el 12 de julio fue aprobado en el
Senado su pliego para defensor público en Ushuaia- quien, a pedido de la
defensa de Herrera de Noble, escribió un artículo en el que argumentaba en
contra de la extracción compulsiva de ADN para quienes se sospecha que pueden
ser hijos de desaparecidos. En su momento, la Cámara de Casación llamó la
atención sobre la cita de los abogados de la dueña de Clarín a “un comentario
de doctrina no publicado”.
Además del perfil doctrinario y político que privilegia el
Gobierno, del total de 49 candidatos para jueces, fiscales o defensores que
entraron en la Comisión de Acuerdos en el último tiempo y fueron aprobados o
están en camino de serlo, 37 son hombres (75,5 por ciento) y 12 mujeres (24,5).
La desproporción de género es aún mayor si se compara por la jerarquía del
cargo. Entre los camaristas, 23 postulantes son hombres y apenas 2 son mujeres.
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