PRIMERO NUESTRAS VIDAS
Ante los impagables tarifazos, crece en el conurbano
bonaerense una cruda realidad donde las familias más pobres “juntan las
monedas” para tener luz.
Realización audiovisual: Mariano Mancuso y Matías Pore
David, trabaja como docente precarizado en Merlo (provincia
de Buenos Aires), y como la guita no le alcanza, porque muchas veces está
varios meses sin cobrar, nos cuenta que hace changas, “o cualquier laburito
para tener unos mangos más”.
Hace por lo menos un año y medio vive con el medidor prepago
de Edenor, instalado en su casa. Nos cuenta, que después de que les llegaron
boletas de entre 5 y 6 mil pesos, muchos vecinos optaron, ante la desesperación
de no contar con energía eléctrica, por “colgarse”. Por eso la empresa “empezó
a poner los aparatitos prepagos en todo el barrio” a los cuales se le carga
saldo en kioscos y almacenes, de acuerdo a las posibilidades económicas de cada
familia.
“Cuando se agota, se agota. No importa que sea la madrugada,
no importa que sea de día, si vive una familia numerosa, no importa si tenes
niños. Se apaga, te quedas sin luz y tenes que volver a las velas, o tenes que
buscar otra alternativa”, relata crudamente David que cobra entre 12 y 15 mil
pesos por mes. Su testimonio grafica cómo viven miles de familias en el Gran
Buenos Aires.
Pero este sistema precario, instalado en los barrios más
pobres, no es nuevo. Las primeras pruebas pilotos, que incumplían la regulación
y legalidad de ese entonces, comenzaron en el año 2006. Sí, hace 13 años.
Pero en estos últimos, producto de los tarifazos y de la
imposibilidad de pagar las boletas, la empresa aprovechó para que su
instalación pegue un salto. Edenor informó que en 2018 colocaron 140.000
medidores prepagos; y que se proponen llegar a 250.000 hasta que finalice este
año.
Los municipios sobre los que más ha avanzado este sistema
son: Merlo, La Matanza, Moreno y Malvinas Argentinas, entre otros. Justamente
los distritos donde los índices de pobreza (no sólo medida en términos de
ingresos) son mayores a la media, y crecen con la crisis de una economía bajo
la órbita del FMI.
“Los barrios donde se están instalando los medidores son los
de mayor consumo eléctrico porque, como no tienen agua, usan bombas, y, como no
tienen gas, usan estufas eléctricas. Entonces el consumo bimestral puede ser de
1.000 o 1.5000 kWh”, denunció Pedro Bussetti presidente de Defensa de Usuarios
y Consumidores (DEUCO). Y agregó que “la luz es un servicio público y el Estado
debe garantizar su acceso universal, entonces motivos económicos ajenos a la
voluntad del usuario, como son la pobreza y la vulnerabilidad económica, no
deberían ser una restricción en el acceso” (...) “que se deje de prestar el
servicio a una familia que no llega a juntar cien pesos para hacer una recarga
es una barbaridad”.
Por las calles de los barrios del conurbano bonaerense
trascienden los relatos que grafican la dura realidad que viven familias
enteras que dependen de un medidor prepago para tener luz. Hogares donde viven
personas electrodependientes, a quienes se lo instalaron compulsivamente,
poniendo en riesgo sus vidas. Padres y madres que juntan semana a semana
algunos pesos para cargar el medidor, para que les aguante en la heladera la
poca comida que tienen. O que deben elegir entre si prender las luces de noche,
ver tele con sus hijos o conectar el lavarropas, de acuerdo al saldo que les
quede.
Por ejemplo, Mónica, del barrio La Reja de Moreno, denunció
públicamente que a veces la tensión nunca pasa de 190 kws, entonces se le
queman los pocos electrodomésticos que tienen o directamente no funcionan.
También son recurrentes las quejas por los cortes de luz en los barrios donde
están instalados estos aparatos, ya que no están exentos de un pésimo servicio,
como el resto de los usuarios. Y como si fuese poco, el costo de la energía se
encarece cuanto más consumís. Insólito.
Como si la bronca que generase esta situación fuese poca,
encima hay que escuchar al vocero de la empresa, Eduardo Mirabelli, que sin
tapujos sostuvo que el medidor prepago “es una herramienta ideal porque pueden
ir comprando energía en la medida de sus posibilidades” (sic).
Mientras millones no tienen derecho a acceder a un derecho
elemental, la “fiesta de las empresas”, como lo relató David de Merlo,
continúa. ¿Estas son las inversiones que prometieron a cambio de tarifas
dolarizadas mientras se mantienen los subsidios estatales a estas privatizadas?
La investigadora británica Brenda Boardman fue quien en los
´90 habló por primera vez de “pobreza energética” o “pobres energéticos”, un
fenómeno creciente desde hace décadas en Europa, del que no están exentos los
países latinoamericanos como el nuestro. En Argentina ya es una realidad cada vez
más preocupante.
Lo paradójico, es que mientras rijan las reglas del juego
capitalista, basadas en el lucro de unos pocos, los avances de la ciencia, la
tecnología, la robótica y, en este caso, hasta el desarrollo de energías
renovables, están al servicio de las ganancias de estas empresas, y no de
terminar de una vez y para siempre con los crecientes “pobres energéticos”. No
nos podemos resignar a aceptar esta insoportable desigualdad.
Para terminar con esta realidad hay que empezar por poner en
cuestión la privatización de las empresas energéticas que llevó adelante el
menemismo; saber qué hicieron con los millonarios subsidios que recibieron del
Estado durante el kirchnerismo; y romper con los pactos contraídos por
Cambiemos que estipularon tarifas dolarizadas.
Esa es la base para avanzar en la nacionalización de las
empresas energéticas, pero para ponerlas bajo control de sus trabajadores y
usuarios populares. ¿O acaso no son ellos quienes más pueden conocer, saber y
decidir democráticamente cómo dirigirlas en función de las necesidades y
prioridades de la mayoría? Esta es la única salida realista para terminar con
este negocio e invertir el dicho que dice que “las vaquitas son ajenas, y las
penas son de nosotros”.
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