En el marco de las exigencias del FMI, sacan de la órbita de
Nación el control sobre Edenor y Edesur, con el plus de la condonación de una
deuda de $ 7 mil millones que irían a una supuesta inversión en atención al
cliente en vez de volver a los usuarios.
Fernando
Luna-Trabajador de Shell, refinería de Dock Sud / Agrupación Nacional Naranja
Petrolera en el MAC
Recientemente, y mediante un decreto se firmó el traspaso
del control y la regulación de la distribución eléctrica tanto de EDENOR como
de EDESUR (que se encontraban bajo jurisdicción federal) a la provincia de
Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran las únicas empresas
del rubro que se encontraban en esta condición, mientras el resto son
controladas por cada provincia, lo que explica las diferencias de los cuadros
tarifarios.
Una de las principales razones de este cambio es la
exigencia del FMI de llegar al déficit primario cero; así, los subsidios de la
tarifa social ya no figurarán en las cuentas de Nación, sino que serán sacadas
de la caja provincial y del Gobierno de la Ciudad. Esto torna incierto el
futuro de esos subsidios, ya que una de las pautas del traspaso es ponerle un
techo tanto a la tarifa social como a la conexión a los barrios más pobres.
Este traspaso requería regularizar los números, entre ellos
la friolera de $ 7 mil millones que deben las empresas en concepto de multas y
préstamos. Según lo firmado en la concesión original, esta cifra debía ser
distribuida entre los usuarios a modo de compensación por las fallas en el
suministro. De haberse hecho eso, le correspondería un aproximado de $ 1692 a
cada usuario de Edesur y $ 2565 para los usuarios de Edenor.
Pero en vez de que se cumpla con esta pauta, van a pasar esa
cifra como inversiones a realizar en la mejora de atención al público, con un
plazo de aplicación de 5 años.
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