Los jueces ordenaron realizar
audiencias públicas. Además, retrotrajeron el cuadro tarifario a los valores
que estaban vigentes antes del aumento dispuesto por las resoluciones del
Ministerio de Energía.
El presidente de la Corte
Suprema, Ricardo Lorenzetti.
La Corte Suprema le dio un
durísimo golpe al Gobierno nacional al fallar contra el tarifazo de gas, una
medida que el presidente Macri y su ministro Aranguren consideraban vital en su
política económica. Los cuatro ministros resolvieron por unanimidad ratificar
el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado nulas las
resoluciones 28 y 31/2016 del Ministerio de Energía.
Así, el máximo tribunal exige al
Ejecutivo la realización de audiencias públicas previas para hacer efectivo el
tarifazo para el sector residencial y, hasta tanto, retrotrae el valor de la
tarifa al momento previo al aumento, es decir, al 31 de marzo.
A favor del Gobierno, la Corte
reafirmó su potestad de fijar las tarifas, en sintonía con el dictamen de la
procuradora Alejandra Gils Carbó.
Los jueces también resolvieron
que el incremento al valor del gas deberá ser gradual. De acuerdo al extenso
fallo, de 112 páginas, los magistrados determinaron que "las decisiones y
objetivos de política económica implementadas implican un importante cambio de
financiamiento del sistema energético nacional, sumados a la situación de
deterioro que sufre su abastecimiento -conforme a lo informado por la
demandada- y a la variación de los precios de la economía, con una inercia de
más de una década en el sentido descripto, imponen al Estado una especial
prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su
transparencia, a fin de asegurar su certeza, previsibilidad, gradualidad y
razonabilidad".
Es decir- añadieron- "una
relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los fines a
cumplir, evitando que tales decisiones impongan restricciones arbitrarias o
desproporcionadas a los derechos de los usuarios, y de resguardar la seguridad
jurídica de los ciudadanos".
El Gobierno había aumentado la
presión en los días previos al fallo, amenazando con una hecatombe económica si
no se avalaba la decisión de Aranguren. Mayor endeudamiento y parálisis de la
obra pública fueron algunas de las profecías que formularon. Este fallo
representa un fortísimo revés para su política económica.
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