La nación 28 de julio de 2019 Por Editorial
Cuando termine la feria judicial, deberían reactivarse los
expedientes. El Correo, los peajes, los parques eólicos y la venta de Macair
son algunas de las investigaciones en las que figura el Presidente de la
Nación. Por el fraude al Correo, los Macri deben unos $ 4.800 millones. En
cambio, por las ventas privilegiadas de otras empresas durante su gobierno, las
empresas ligadas al Presidente ganaron millones de dólares.
Dentro de ocho días, la Justicia debería avanzar sobre los
gravísimos casos de corrupción en los que está involucrado Mauricio Macri, su
grupo empresario y los funcionarios que lo rodean. Los escándalos suman, como
mínimo, 11.000 millones de pesos. Abarcan la deuda en el Correo – que data de
2001, hace 18 años -, en la que se intentó una maniobra para esconder y
cancelar no menos de 4.800 millones de pesos.
También figura la irregular compra de parques eólicos y la
inmediata venta con una ganancia para la familia presidencial de 2.760 millones
de pesos. En la maniobra tramposa utilizaron sociedades armadas incluso en
Luxemburgo y un insólito préstamo de 5 millones de dólares al hermano
presidencial. En el listado aparecen las manipulaciones con la participación
del Grupo Macri en Ausol, la empresa más importante de peajes. De ese negociado
se llevaron, también irregularmente, 2.300 millones de pesos, después de
aumentar el peaje 250 por ciento, la acción que vendieron pasó de 4 pesos a
75,50 pesos.
No menos escandalosa fue la venta de Macair (Macri Air) a
Avianca, aceitada con la promesa del propio gobierno de Macri de otorgarle 36
rutas aéreas, lo que le permitió una ganancia adicional de 460 millones de
pesos. Avianca hoy dejó de volar y hay 200 empleados que no cobran hace dos
meses. En el paquete irregular entra también lo surgido de Panamá Papers, donde
no se pueden explicar otros 460 millones de pesos transferidos entre sociedades
fantasmas creadas por el Grupo Macri en Panamá, Bahamas, Brasil e Italia.
Para tapar tantos casos de corrupción y evasión, el
Presidente contó con el respaldo del aparato de Comodoro Py, que en algunos
casos se dedicó a enterrar directamente el escándalo y en otros casos hay
expedientes abiertos en los que se vienen medidas de máxima importancia cuando
termine la feria judicial.
Fraude en el Correo
Mauricio Macri, gobierno, y Mauricio Macri, Correo, fueron
sorprendidos cuando, estando de los dos lados del mostrador, trataron de
cancelar toda la deuda que el Grupo Macri traía de 2002 por cánones que nunca
pagó. Lo que deben los Macri, como mínimo, suma unos 4.800 millones de pesos.
La jugarreta – en la que se interpuso la fiscal Gabriela
Boquín – motivó una causa penal en la que fueron indagados, por el juez Ariel
Lijo, el entonces titular del Ministerio de Comunicaciones, Oscar Aguad, el
director de Asuntos Jurídicos de ese ministerio, Juan Mocoroa, el presidente
del Correo (Grupo Macri), Jaime Cibils Robirosa, y el tradicional apoderado de
los Macri, Jaime Kleidermacher. La indagatoria se concretó en marzo, hace más
de cuatro meses, y sin embargo el magistrado todavía no resolvió los
procesamientos por la maniobra que incluye los delitos de incumplimiento de los
deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función
pública.
En paralelo, respecto de la deuda misma, el Grupo Macri
ofreció pagar 296 millones, que es lo que debía en 2002, pero sin tener en
cuenta por ahora los intereses y actualizaciones que sumarían más de 4.500
millones, aunque hay cálculos que estiman la cifra en mucho mayor.
El Grupo Macri dice que pagaría intereses y actualizaciones
si le gana juicios al estado por la estatización del Correo. Se trata de otra
maniobra, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de esos juicios los empezó
después de 2016, cuando ya negociaban con el actual gobierno.
La Procuración del Tesoro, en manos de un allegado al Grupo,
el histórico abogado de los Macri, Bernardo Saravia Frías, tiene que responder
sobre la burda oferta del Correo. Pero el caso va de escándalo en escándalo: la
quiebra del Grupo Macri debió decretarse transcurridos dos años y el proceso ya
lleva 18. Es el proceso de concursos y quiebras más largo de la historia
argentina.
Las maniobras con los peajes fueron asombrosas con el
increíble aumento de las tarifas y la venta de acciones, pero hay una causa que
ahora cobró vuelo. Antes de la feria judicial, el fiscal Carlos Stornelli
impulsó la investigación contra Mauricio Macri por una maniobra previa a la
venta de las acciones de Ausol – la que maneja la Panamericana -, empresa en la
que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba
de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado. El escándalo es
de marca mayor, al punto que hasta a un fiscal como Stornelli, tan alineado con
el gobierno y con Macri, lo obligó a abrir la causa.
Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y
Castagnetto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una
denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole
al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios.
El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del
Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación
del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la
Panamericana, que era el verdadero objetivo.
El periodista Alejandro Bercovich reveló los datos de un
expediente armado por la interventora de Ausol, Laura Andino, antes de la
asunción del gobierno de Macri. La conclusión era que la empresa cubría con
creces los costos y tenía uno de las rentabilidades más altas del país. De
manera que la demanda en el CIADI era una trampa. El objetivo real fue cobrar
la reparación de 499 millones de dólares y forzar la renovación.
La causa, que instruye el juez Rodolfo Canicoba Corral,
tiene una testigo clave: la ex directora de Asuntos Legales de Vialidad
Nacional Julieta Ripoll. La letrada estuvo en las primeras reuniones de
negociación con Ausol y luego fue despedida de su cargo.
Las maniobras, entonces, estuvieron en el pago de la
reparación, en la renegociación de la concesión, en los aumentos desmedidos de
peajes y en la venta de las acciones. Si se hace un cálculo basado en que el
Grupo Macri y el presidente se beneficiaron sólo con el siete por ciento de la
maniobra –hay sospechas de que tienen mucha mayor participación–, al final del
proceso se quedaron con más de 2300 millones de pesos, limpitos. La denuncia
fue presentada por Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República
Argentina (Stvyara).
Hace un año y medio, en enero de 2018, se hizo la denuncia
de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un
pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo
Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.
La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en
varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut
durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias
de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de
avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el
pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una
serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia
Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25
millones de dólares.
Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron
a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma
Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de
dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los
términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del
Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de
inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y
la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió
y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.
A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a
ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar
y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta
por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo
cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a
Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo
dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.
Según parece, las sociedades que compraron y vendieron los
parques tienen accionistas escondidos en Luxemburgo y actúan bajo el nombre de
la sociedad Rainbow Finances, que tiene siete socios. En el camino también
aparecen dos cuentas del Grupo Macri en Estados Unidos.
Un detalle que agrava todavía más el cuadro, es que una de
las sociedades sospechadas, Usir, le prestó 5 millones de dólares al hermano
presidencial Gianfranco una maniobra inexplicable.
Los denunciantes son los diputados Tailhade y Doñate y los
delitos son negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de
influencias y uso de información privilegiada.
Estafa aérea
La operación de venta de Macair (Macri Air) presenta
ilegalidades e irregularidades por donde se la mire. Hay numerosas denuncias
que habrá que ver si terminan de arrancar después de la feria. En Comodoro Py
dicen que son causas pisadas. Están imputados el propio presidente Mauricio
Macri, el secretario de la Presidencia, De Andreis, y numerosos funcionarios.
Los delitos son asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función
pública, tráfico de influencias e irregularidades en la administración del
espacio aéreo.
El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo
gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea
aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos
explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía
sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto
del valor tenía que ver con las rutas. Parece cantado que cuando se concretó la
operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían
rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017.
En las denuncias queda en claro que la subsidiaria de
Avianca no tenía ni siquiera la documentación en regla para adjudicarse rutas,
al punto que entregó una garantía de la empresa Sinergy Aerospace, que se
completó recién después de la adjudicación de rutas. El gremio de pilotos
denunció la “adjudicación fraudulenta”.
Hoy en día la situación es de máxima gravedad. Avian
suspendió sus vuelos 90 días, presentó un expediente de crisis y luego la
convocatoria de acreedores. Hay 200 empleados que no cobran los sueldos desde
hace cuatro meses y, por supuesto, no se hicieron los pagos de las cargas
sociales. El rumor es que los que están detrás de Avián,
colombianos–brasileños, no le pagaron la totalidad al grupo Macri, el gobierno
le soltó la mano y la aerolínea entró en crisis.
Pero lo asombroso de Comodoro Py no es sólo la velocidad con
la que avanza en las causas contra el anterior gobierno, sino la habilidad para
enterrar causas donde figura el nombre Macri. Sin embargo, esos expedientes
podrían revivir cuando ya no exista la cobertura política y mediática que
tienen hoy. Hay medios del mundo extrañados con el manejo de causas judiciales
de envergadura.
El show de Panamá
Como se sabe, el 3 de abril de 2016 estalló el escándalo
conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de
sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se
usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar
sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En
total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.
La causa judicial fue instruida por el juez Sebastián
Casanello y por el fiscal Federico Delgado y giró
entorno de dos sociedades,
Fleg Trading y Kagemusha. Ninguna de las dos figuró nunca en declaraciones
juradas de Mauricio Macri quien aparecía como director de ambas sociedades. El
presidente alegó que no tenían movimiento y por lo tanto no requerían
declaración alguna, pero en el camino aparecieron 9,3 millones de dólares que
se movieron de Fleg Trading de Bahamas a Owners do Brasil, Socma (Sociedades
Macri) do Brasil y Fleg Traders de Brasil y que, según parece, después
terminaron en Italia, en el hotel Nuraghe Porto Rotondo, de Cerdeña, propiedad
de un amigo de la familia, Giorgio Nocella.
El fiscal Delgado y el denunciante, el diputado Darío
Martínez, dijeron que había que seguir investigando, pero el juez Casanello
resolvió, tras un informe de la Unidad de Información Financiera, organismo
alineado con el Poder Ejecutivo, que no había elementos para considerar el
delito de lavado de dinero.
El magistrado dictaminó que el caso se correspondía más con
una evasión impositiva o, mejor dicho, una “omisión maliciosa” que es esconder
un bien o una sociedad en las declaraciones impositivas. Con la ayuda del
fiscal Germán Moldes, Macri logró zafar, básicamente echándole la culpa a su
papá, Franco, quien – como siempre – se hizo cargo de todo diciendo que las
sociedades las armó él y que Mauricio no jugó ningún papel.
La causa está hoy dormida en el fueron Penal Económico. El
Süddeutche Zeitung, diario que encabezó el consorcio internacional de
periodistas que hizo la investigación de Panamá Papers, se sorprendió por el
trato blando que recibió Mauricio Macri en la cobertura periodística.
Como mínimo, en el caso Panamá Papers, hay 460 millones de
pesos en danza y quedan por investigar las 50 sociedades armadas por el Grupo
Macri en distintos lugares: Panamá, Luxemburgo, Londres, Italia, Brasil,
Bahamas.
Estafa en el peaje
Las acciones de Autopistas del Sol (Ausol), que maneja la
Panamericana, valían cuatro (4) pesos en enero de 2015. Cuando asumió Mauricio
Macri, sabiendo que el presidente era la cabeza del grupo que tenía una parte
de Ausol, la acción ya estaba en 14,50. A partir de ese momento, Macri le
aumentó la tarifa de peajes a Ausol entre un 200 y 270 por ciento, dependiendo
del horario, y, por consiguiente, la acción trepó a 75,50. En ese momento, el
grupo Macri vendió el siete por ciento que tenía de participación en la empresa
a un valor de 19,7 millones de dólares. Con la acción a 4 pesos, la venta
hubiera sido por dos o tres millones de dólares.
Aún así, muchos dicen que la venta fue simulada y que la
compradora, Natal Inversiones, no tenía la menor experiencia en peajes ni se
dedicaba al rubro. A tal punto que tuvo que cambiar sus estatutos. De
inmediato, se firmó la renovación de la concesión con un simulacro evidente: la
rúbrica la puso Gabriela Michetti, para que Macri no quedara aún más expuesto.
La acción subió entonces a 103 pesos.
Hubo denuncia presentada por Margarita Stolbizer, el fiscal
Guillermo Marijuán pidió medidas y luego no quiso avanzar más: desestimó la
denuncia.
Blanqueo
La Corte Suprema debe resolver si el diputado Felipe Solá
está legitimado para cuestionar judicialmente el blanqueo de los familiares de
Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente
modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los
hermanos.
Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622
millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En
primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas
126 millones de pesos, o sea que Mauricio –mucho más importante que Gianfranco
en las empresas– resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.
Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio
Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban
cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en
la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado
escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon
el blanqueo.
Todo esto está, judicialmente hablando, todavía en la
neblina.
En Brasil, mientras tanto, los ejecutivos de Odebrecht
confesaron que pagaron coimas a funcionarios del anterior gobierno. El juez de
la causa es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Franco Picardi. Hasta el
momento, el magistrado procesó a los ex funcionarios pero le dictó la falta de
mérito a los empresarios, entre ellos el primo presidencial, Angelo Calcaterra.
Sin embargo, pocos días antes de la feria, la propia AFIP pidió la indagatoria
del familiar de Macri porque quedó en claro que Iecsa armaba contratos por
servicios inexistentes y por esa vía, presuntamente, pagaba coimas. Ya se
demostró la falsedad de un contrato entre el consorcio y una empresa española,
DCS, y otro contrato entre Iecsa y otra consultora, CAESA.
La mano derecha del ex secretario de Transporte, Ricardo
Jaime, admitió que hubo coimas, pero su testimonio no se homologó todavía. En
Uruguay apareció una cuenta en la que supuestamente también se hicieron pagos:
Jorge El Corcho Rodríguez es el apuntado por el fiscal, pero él afirma que
nunca manejó esa cuenta en Montevideo, sino que fueron los propios ejecutivos
uruguayos y brasileños. También hubo pagos a través de sociedades en Andorra y
no deja de estar presente la sospecha de que funcionarios de las empresas
decían que pagaban coimas pero se quedaban con el dinero y realizaban
inversiones en Miami. De hecho, aparecen ejecutivos de Odebrecht con
importantes propiedades escondidas en La Florida.
Todo el negociado del soterramiento está sospechado. Desde
la licitación hasta el financiamiento y, por supuesto, el pago de coimas
millonarias.
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