La letra chica
Techo a los aumentos a estatales del 8 por ciento, ajuste de
empleados públicos, remate de las acciones del Fondo de Sustentación de la
Anses, venta de terrenos oficiales, aumentos de tarifas, recortes de la obra
pública y en las transferencias a las provincias y las empresas del Estado.
Por Tomás Lukin
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| Imagen: AFP |
El Fondo Monetario Internacional difundió ayer su evaluación
interna de la economía argentina. El paquete de documentos elaborado por los
técnicos del organismo multilateral ofrece detalles sobre el programa de ajuste
fiscal que propuso el gobierno. Anticipa despidos de empleados estatales,
mayores aumentos de tarifas, recorte del financiamiento para las empresas
públicas y la paralización de la obra pública. Los técnicos del FMI revelan que
el Ministerio de Hacienda ofreció postergar la reducción de las retenciones a
la soja para garantizarse mayores ingresos tributarios, aunque la dependencia
encabezada por Nicolás Dujovne se apresuró luego a desestimar que vaya a
limitar la rebaja en los derechos de exportación comprometida con el sector
agroexportador. El resto de las medidas fiscales listadas en el documento no
fueron puestas en duda por las autoridades locales. El informe reitera la
intención oficial de “amortizar” los activos del Fondo de Garantías de
Sustentabilidad de la Anses (ver aparte) y suma a ese listado la venta de
tierras. En materia impositiva propone postergar el recorte en las
contribuciones patronales previsto en la reforma fiscal aprobada a fines del
año pasado. “El staff evalúa que la deuda es sustentable, pero no con una alta
probabilidad”, advierte el Fondo al referirse a los pasivos externos del
país.
El paquete de documentos consta de 125 páginas donde los
técnicos del organismo multilateral ofrecen detalles hasta ahora desconocidos
del acuerdo que habilitó el crédito stand-by por hasta 50.000 millones de
dólares durante tres años. Entre los elementos identificados figura “la
reducción del salario real de los trabajadores públicos” fijando un techo
nominal para los incrementos del 8 por ciento hasta junio de 2019. “Reducir la
nómina salarial ajustando el empleo público a través del recorte sostenido de
empleados no prioritarios en 2018 y congelando las contrataciones en la
administración federal”, sostiene el informe interno elaborado por el staff del
organismo multilateral que fue remitido un mes atrás a las autoridades del FMI.
Con esa evaluación de las medidas propuestas por Argentina, los miembros del
directorio aprobaron el préstamo extraordinario que solicitó el gobierno de
Mauricio Macri para intentar frenar la crisis. La publicación del documento se
postergó al punto que excedió los plazos previstos en la política de
transparencia del Fondo.
El FMI ofrece dos escenarios. La visión optimista está
acompañada por una recesión para los próximos meses que arrojará un magro
crecimiento de 0,4 por ciento a fin de año. En el otro extremo los técnicos del
Fondo evaluaron que si Argentina no recupera “la confianza del mercado” el PBI
terminará 2018 con una contracción del 1,4 por ciento. El denominado escenario
adverso contempla, entre otros elementos, una corrida bancaria donde se esfuma
la totalidad de los depósitos en dólares. Como reconoció el gobierno al
abandonar sus metas de inflación, los aumentos de precios oscilarán este año
entre 27 y 32 por ciento.
“Persisten riesgos considerables para la sustentabilidad de
la deuda”, advierten los técnicos del organismo encabezado por la francesa
Christine Lagarde. Entre los elementos que destaca el FMI figura “la gran
participación de la deuda en moneda extranjera (lo que hace que la dinámica de
la deuda de Argentina sea susceptible a un debilitamiento sostenido del tipo de
cambio real) y las grandes necesidades de financiamiento externo que, según la
experiencia internacional, ha demostrado ser un fuerte predictor de una crisis
de deuda”. El documento también enciende señales de alarma sobre el impacto del
acuerdo stand-by sobre la liquidez del FMI. El paquete de documentos ofrece una
adenda a la carta de intención enviada por Argentina donde las autoridades
argentinas borraron la firma del desplazado presidente de la autoridad
monetaria, Federico Sturzenegger, para reemplazarla por la de su sucesor, Luis
Caputo.
Los lineamientos fiscales que guiarán la política económica
hacia un ajuste de 500.000 millones de pesos a lo largo de los próximos tres
años estarán acompañados por profundos cambios en el esquema de política
monetaria y cambiaria que fueron reafirmados por el informe del organismo
multilateral. “El Banco Central está comprometido a mantener un tipo de cambio
flotante, con intervenciones limitadas a períodos donde exista una clara
disfunción del mercado”, sostiene el documento que también remarca la reforma
en la Carta Orgánica del BCRA.
A la hora de evaluar el cumplimiento de los criterios para
acceder a un crédito extraordinario el FMI considera que el gobierno de Macri
tiene “la capacidad política e institucional para llevar adelante el ajuste”.
No obstante, los autores del informe advierten que “hay una preocupación vinculada
a la habilidad del gobierno para construir el apoyo para las medidas que
requieren se aprobadas por el Congreso”.
Antes de listar las posibles medidas fiscales los técnicos
del FMI sostienen que el ajuste “será apuntalado por medidas en marcha y un
compromiso para implementar mayores avances en el contexto del presupuesto
2019”. Entre esas propuestas figura el limite a las reducción de las
retenciones a la soja.
A diferencia del Memorando de Políticas Económicas y
Financieras elaborado por el gobierno argentino, el Staff Report ofrece
indicios sobre las modificaciones que pretenden desplegar las autoridades.
“Demorar la implementación de la recientemente aprobada reforma fiscal a 2020
como mecanismo para preservar ingresos (la postergación de las reducciones en
los aportes patronales y la posibilidad de deducir del impuesto a las Ganancias
a las transacciones financieras)”, expresa el documento. Las medidas contemplan
“racionalizar el gasto en bienes y servicios, con un recorte del 15 por ciento
en términos reales en 2018 y continuando en 2019” y “reducir los gastos de
capital 0,6 puntos porcentuales del PBI para 2019 con la expectativa de que los
proyectos de PPP protejan el nivel global de desembolsos en infraestructura
pública”.
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