La expresidenta y actual senadora busca tratar una ley que
puede enterrar el pacto del Gobierno con el organismo internacional.
a senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner,
anunció la presentación de un proyecto de ley para que se declare la nulidad y
se suprima por “falsedad” una de las frases utilizadas por los funcionarios
económicos del Gobierno de Mauricio Macri para referirse a la recuperación del
sistema previsional en 2008 en el acuerdo con el FMI.
La senadora remarcó que en el memorándum técnico firmado
entre Argentina y el Fondo Monetario se menciona a los activos de los fondos de
pensiones como “incautados” en el año 2008. Cristina consideró que esto “además
de ser falso, puede traer graves problemas jurídicos y económicos para nuestro
país”.
“Aun teniendo en cuenta que el acuerdo celebrado entre el
Poder Ejecutivo Nacional y el FMI debe ser debatido en el ámbito del Congreso
de la Nación, de conformidad con lo prescripto en el artículo 75 de la
Constitución, la “gravedad de la situación” hace necesario y urgente el
tratamiento de este proyecto de ley. Según la Real Academia Española, el
término “incautar” tiene dos acepciones: “privar a alguien de alguno de sus
bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o
infracción administrativa”, y el más directo “apoderarse ilegítimamente de
algo”, afirma un comunicado de su bloque.
El proyecto firmado por la exmandataria explica que “la Ley
N° 26.425, al unificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un
único régimen previsional público (SIPA), resolvió la recuperación y
nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones cuya administración
estaba en manos privadas, y no eran de propiedad de las empresas
administradoras.
“La situación no merece mayor análisis”, considera, y afirma
que “sostener ahora, que esa medida adoptada por este Congreso Nacional, pudo
haber sido una ‘incautación’ de bienes propios de las AFJP, decretada por el
Estado Argentino, podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos
ilegítimos, que recaerán nuevamente sobre las espaldas de todo el pueblo
argentino”.
Además, agrega como ejemplo la demanda que existe contra
nuestro país en CIADI por parte de la empresa estadounidense Metlife, que
sostiene precisamente el térmnino que los funcionarios incorporaron en la carta
de intención cuestionada.
Y concluye afirmando que “si a ello le sumamos que el actual
titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (FGS), Juan Martín Monge, haya sido el CEO de la empresa
demandante (Metlife) hasta diciembre de 2016 la necesidad de la sanción de la
presente se convierte en un ejercicio de responsabilidad institucional, sin
perjuicio de las acciones penales y de responsabilidad civil que pudieran
corresponder”.
La senadora remarcó que en el memorándum técnico firmado
entre Argentina y el Fondo Monetario se menciona a los activos de los fondos de
pensiones como “incautados” en el año 2008. Cristina consideró que esto “además
de ser falso, puede traer graves problemas jurídicos y económicos para nuestro
país”.
“Aun teniendo en cuenta que el acuerdo celebrado entre el
Poder Ejecutivo Nacional y el FMI debe ser debatido en el ámbito del Congreso
de la Nación, de conformidad con lo prescripto en el artículo 75 de la
Constitución, la “gravedad de la situación” hace necesario y urgente el
tratamiento de este proyecto de ley. Según la Real Academia Española, el
término “incautar” tiene dos acepciones: “privar a alguien de alguno de sus
bienes como consecuencia de la relación de estos con un delito, falta o
infracción administrativa”, y el más directo “apoderarse ilegítimamente de
algo”, afirma un comunicado de su bloque.
El proyecto firmado por la exmandataria explica que “la Ley
N° 26.425, al unificar el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un
único régimen previsional público (SIPA), resolvió la recuperación y
nacionalización de los fondos de jubilaciones y pensiones cuya administración
estaba en manos privadas, y no eran de propiedad de las empresas
administradoras.
“La situación no merece mayor análisis”, considera, y afirma
que “sostener ahora, que esa medida adoptada por este Congreso Nacional, pudo
haber sido una ‘incautación’ de bienes propios de las AFJP, decretada por el
Estado Argentino, podría habilitar una enorme cantidad de litigios y reclamos
ilegítimos, que recaerán nuevamente sobre las espaldas de todo el pueblo
argentino”.
Además, agrega como ejemplo la demanda que existe contra nuestro
país en CIADI por parte de la empresa estadounidense Metlife, que sostiene
precisamente el térmnino que los funcionarios incorporaron en la carta de
intención cuestionada.
Y concluye afirmando que “si a ello le sumamos que el actual
titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (FGS), Juan Martín Monge, haya sido el CEO de la empresa
demandante (Metlife) hasta diciembre de 2016 la necesidad de la sanción de la
presente se convierte en un ejercicio de responsabilidad institucional, sin
perjuicio de las acciones penales y de responsabilidad civil que pudieran
corresponder”.
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