Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo
Presentó un proyecto
de blanqueo, capacitaciones y de una agencia médica
El Gobierno envió anoche al Congreso tres capítulos de su
proyecto de reforma laboral, cuyo tratamiento se había empantanado en diciembre
del año pasado en el Senado por la falta de un acuerdo con el PJ y con el
sector de la CGT que comulga con Hugo Moyano.
El plan del Gobierno será aprobar antes del primer semestre
los puntos en los que domina un consenso con los bloques legislativos y con los
gremios aliados. En esta primera tanda se avanzará con el blanqueo de
trabajadores informales, las pasantías como capacitación laboral y la creación
de una agencia de evaluación de tecnología médica.
El plan de blanqueo laboral prevé eximir del pago de multas
al empresario que regularice la situación de sus trabajadores y en el que el
Estado reconocerá a cuenta los aportes al sistema previsional por los años en
los que el empleado haya estado en la informalidad. También se les reconocerán
el escalafón y la antigüedad. En el país hay actualmente 4,5 millones de
asalariados que están en negro, que no aportan al sistema y que no cuentan con
obra social ni derechos laborales.
"Es una irresponsabilidad haber tirado un tema como
este [blanqueo laboral] y no resolverlo. Esto va a salir sí o sí",
pronosticó un sindicalista que conserva buen diálogo con la Casa Rosada.
La segunda iniciativa de esta primera etapa será la
denominada capacitación laboral continua, que no únicamente abriría paso a las
pasantías como modalidad de capacitación y no como un vínculo laboral, sino que
apuntaría a reconvertir oficios que están desapareciendo. Esta iniciativa tiene
56 artículos y tendría el aval de un sector de la CGT , pero no es unánime como
lo es el blanqueo.
El tercer proyecto es el de la agencia de tecnología médica,
cuya finalidad será la de reducir el nivel de litigiosidad que existe hoy en
contra de las obras sociales sindicales. Es una propuesta elaborada codo a codo
con los equipos médicos de los gremios y que Macri se las prometió a los
dirigentes sindicales durante su primer año de gestión, cuando acordaron el
plan de Cobertura Universal de Salud, cuyo financiamiento, en parte, proviene
de la caja de las prestadoras sindicales.
En el paquete de proyectos que presentó Pinedo no figuran
las modificaciones laborales que generan más resistencia entre los sindicatos,
como el cálculo de las indemnizaciones, la posible creación de un fondo de
desempleo en determinados sectores y la rebaja de los aportes patronales a la
seguridad social, que ya fue incluida en la reforma tributaria sancionada al
cierre de 2017. En el Ministerio de Trabajo , a cargo de Jorge Triaca , estiman
que ese debate podría darse más adelante, y que ahora es necesario dinamizar al
menos estos primeros puntos.
No se descarta, además, incorporar una iniciativa más que
está vinculada a la prevención de riesgos del trabajo. El cambio más importante
es que permitirá incluir en los convenios colectivos el mejoramiento de las
condiciones laborales en función de la actividad, más allá de la normativa
general (ley de higiene y seguridad). Es decir que en las próximas paritarias,
se podrán incluir en la pulseada salarial beneficios sectoriales vinculados a
la prevención. El borrador ya cuenta con el aval de la CGT y de otros gremios
que están hoy alejados de la central obrera.
Tras la presentación de ayer de Pinedo en el Senado no se
descarta que los cambios en la legislación laboral se traten en el recinto en
junio, durante el Mundial de Fútbol, un punto en el calendario que nada tiene
que ver con los gremios, pero que se vislumbra ya como una suerte de bisagra en
la trastienda política.
Por: Nicolás Balinotti
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