CAOI: “Reglamento de Ley de Consulta podría justificar
violación de derechos indígenas”
Servindi, 6 de
abril , 2012.- La
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
denunció que el reglamento de la
Ley de Consulta, en la práctica, podría justificar la
violación de derechos indígenas. Mediante un comunicado, CAOI hizo severos
cuestionamientos a la Medida
Legislativapublicada el martes en el diario oficial El Peruano.Entre
otros cuestionamientos, la organización indígena señaló que el reglamento
desconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado, e impide que
se revisen los actos inconsultos anteriores a la promulgación de la ley.Igualmente
consideró que la consulta, en los términos del reglamento, se reduce a un
proceso administrativo sin carácter vinculante que podría vulnerar los derechos
indígenas, toda vez que la decisión final queda en manos del Estado.CAOI
calificó de “peligroso” que sólo sean tomados en cuenta para la consulta los
pueblos indígenas directamente afectados por la medida a consultarse, puesto
que muchos proyectos tienen un impacto que se extiende más allá de su zona
geográfica, especialmente cuando se afectan cuencas hidrográficas.Asimismo,
señaló el riesgo de que no esté sujeta a consulta la construcción y
mantenimiento de infraestructura para la provisión de servicios públicos,
puesto que “una carretera o una represa siempre impactan negativamente en los
derechos de los pueblos indígenas”, explicó la Coordinadora.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI-Bolivia,
Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina-Perú:
Reglamento de la Ley
de Consulta desconoce el derecho al consentimiento previo, libre e informado.El
Reglamento de La Ley
de Consulta, Ley 29785, aprobado por Decreto Supremo 001-2012 del Ministerio de
Cultura y publicado ayer en el Diario Oficial El Peruano, continúa
desconociendo el derecho al consentimiento previo, libre e informado e insiste
en tratar de impedir que sean revisados todos los actos inconsultos anteriores
a la promulgación de la Ley,
según el artículo segundo del Decreto Supremo, referido a su vigencia.Aunque en
el inciso 3 del artículo 1 señala que “el derecho a la consulta se realiza con
el fin de garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas” y en el
siguiente “toma en consideración la Declaración sobre los Derechos de los pueblos
indígenas de las Naciones Unidas”, en la práctica, como lo ha advertido la CAOI en más de una oportunidad,
la consulta se reduce a un procedimiento administrativo que podría justificar
la vulneración de esos derechos, porque sus resultados no son vinculantes y
deja la decisión final en manos del Estado: así lo señala claramente el
Reglamento en el inciso 5 del primer artículo: “el resultado del proceso de
consulta no es vinculante, salvo en aquellos aspectos en que hubiere acuerdo
entre las partes”.El Reglamento tiene declaraciones interesantes, por ejemplo
su artículo cuarto señala que el contenido de la medida a consultarse “debe
cumplir con la legislación ambiental y preservar la supervivencia de los
pueblos indígenas”. Pero sin carácter vinculante, ¿cuál es la garantía de que
esta declaración se cumpla?Es sumamente contradictorio, pues el artículo 5.d
dice que las consultas deben realizarse con la finalidad de llegar a un acuerdo
o lograr el consentimiento, pero agrega que “el no alcanzar dicha finalidad no
implica la afectación del derecho a la consulta”.En su articulado ha
incorporado la perspectiva de género, a presión de las organizaciones
indígenas. Pero insiste en que solo son sujetos de consulta los pueblos
indígenas afectados “directamente” por la medida a consultarse. Esto es
peligroso, porque muchos proyectos mineros o de construcción de represas,
impactan sobre zonas que no necesariamente están en el ámbito geográfico del
proyecto. Esto sobre todo cuando se afectan cuencas hidrográficas (artículo 7).El
Reglamento deja al Estado la potestad de suspender el proceso de consulta
(artículo 21). Y deja también en manos del Estado (del Viceministerio de
Interculturalidad) el proceso de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos
(artículo 28). Nuevamente el Estado es juez y parte, pues con esto se fiscaliza
a sí mismo.Su Sexta Disposición Complementaria, Transitoria y Final, indica que
los sistemas de evaluación del impacto ambiental deben incluir información
sobre la posible afectación de derechos indígenas del proyecto de inversión.
Pero estos estudios son realizados por consultoras contratadas por las propias
empresas y en ocasiones llegan a negar la presencia de población y de
actividades productivas en las áreas de concesión.Otra Disposición peligrosa es
la novena, porque mantiene la potestad del Estado de declarar de necesidad
pública la exploración o explotación de recursos naturales en determinada zona.
Y la décimo quinta, según la cual la construcción y mantenimiento de
infraestructura para la provisión de servicios públicos no está sujeta a la
consulta. Y una carretera o una represa siempre impactan negativamente en los
derechos de los pueblos indígenas.
Lima, 4 de abril del 2012.Fuente:SERVINDI
Publicado:FM Universo 94.3-Ramon A.Bohle-Edid A. Medina
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