Una vez más el juez de la servilleta hizo de las suyas, esta
vez para beneficiar directamente al presidente.
DOMINGO 26 DE AGOSTO DE 2018 15:43
El juez federal Claudio Bonadio decidió excluir de la
investigación de "los cuadernos" al presidente, Mauricio Macri, y a
las empresas de su familia. Sin embargo, mañana a las 10 un abogado ratificará
ante el fiscal Jorge Di Lello una denuncia que involucra directamente a los
Macri con el expediente y parece desnudar una estrategia común para
alivianarles una eventual imputación.
El sorpresivo informe publicado el viernes último en la
página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ) es oficial y exhibe
como fuente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11.
Ese documento tiene un detalle que pasó casi inadvertido: habla de la "existencia de una organización
delictiva conformada por funcionarios públicos" que operó "entre los
años 2008 y 2015".
¿Por qué esa delimitación temporal, si las fotocopias de los
cuadernos y, sobre todo, varios de los "arrepentidos", consignaron
que el supuesto mecanismo espurio de recaudación ilegal se remonta a 2004?
Tal vez la respuesta esté en que la familia Macri vendió una
de sus empresas, IECSA, al primo del hoy presidente, Angelo Calcaterra, en
2007. Al delimitar el accionar delictivo entre 2008 y 2015, Macri queda afuera.
Pero el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner,
en su declaración como arrepentido, corrió la línea de tiempo hacia atrás.
¿Mintió Wagner?
Otro detalle: en 2008 Néstor Kirchner ya no era presidente.
Mañana, lunes, el abogado Fernando Miguez, presidente de la
Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, se presentará ante el
fiscal Jorge Di Lello a ratificar su denuncia en el marco de la causa
132.233/18. Allí pidió que se investigara la supuesta existencia de una reunión
en la quinta presidencial de Olivos entre el presidente Macri, su primo Angelo
Calcaterra, el exgerente de IECSA Javier Sánchez Caballero y el fiscal Carlos
Stornelli el fin de semana previo al lunes 6 de agosto. Sobre la base de
artículos periodísticos que dan cuenta de esa reunión, Míguez denunció que en
ese encuentro se definió la estrategia para que Sánchez Caballero, que estaba
preso, recuperara la libertad y Calcaterra declarara como arrepentido y
obtuviera una exención de prisión. Según la denuncia (y las publicaciones)
Macri participó de esa reunión. El juez de la causa es Julián Ercolini, pero
delegó las decisiones en el fiscal.
Toda la comunidad jurídica, más allá de simpatías personales
y diferencias ideológicas, coincide en dos apreciaciones respecto de la causa:
que tiene una gravísima falla de origen (la asignación irregular a Bonadio, lo
que se conoce como "Forum Shopping", y la violación de la garantía de
defensa y debido proceso al excluir al abogado Carlos Beraldi del allanamiento
al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambas pueden
ser causales de apartamiento del juez.
El viernes por la noche se sumó un tercer factor: Bonadio
pudo haber "prejuzgado" al emitir el informe publicado en el CIJ. En
un expediente en el que los abogados se quejan todo el tiempo porque no les
permiten acceder a la documentación para ejercer las defensas, el juez emitió
un documento oficial en el que ya definió (antes de dictar una resolución con
los previsibles procesamientos y preventivas) quiénes integran la asociación
ilícita y sus roles.
Pero más allá de esas objeciones casi monolíticas, en las
que coinciden incluso jueces y fiscales vecinos de Bonadio, todos pronostican
que la Cámara Federal sostendrá al juez contra viento y marea. El tribunal de
alzada ya rechazó buena parte de las recusaciones y nulidades presentadas por
las defensas e, incluso, se sostienen entre ellos: el martes pasado, el
camarista Martín Irurzun rechazó la recusación contra su colega Leopoldo
Bruglia que había formulado el abogado Domingo Montanaro, defensor del
influyente auditor general de la Nación y eximido de prisión en la causa Javier
Fernández.La Cámara también ratificó el criterio que eligió Bonadio desde el
principio: el que habla, sale; el que no se arrepiente, queda preso. De hecho,
las denegatorias de las excarcelaciones (todas iguales) firmadas por Irurzun y
Bruglia con una invitación al arrepentimiento. "Varios imputados ya se han
acogido a la figura prevista (del arrepentido), no pudiéndose descartar la
posibilidad de que otros se sumen a este supuesto... En este contexto, la
libertad del imputado podría poner en serio riesgo la investigación y
recolección de prueba". Dicho de otro modo: los que se arrepintieron y
colaboraron no ponen "en serio riesgo la investigación" y, por eso,
salen. Venga, confiese y se va.La seducción para el arrepentimiento genera,
incluso, diferencias entre los propios tribunales colegiados. El exfuncionario
José López fue aceptado como "imputado colaborador" el viernes, pero
desde hacía una semana venía recibiendo mimos que incluyen que, si bien sigue
estando detenido, no permanezca en una cárcel. Dos jueces del tribunal oral
federal N° 1 que lo está juzgando por enriquecimiento ilícito, José Antonio
Michilini y Ricardo Basílico, aceptaron que lo llevaran a una casa segura y
confortable. El tercer juez, Adrián Grünberg, se inclinó por cambiarlo de penal
y ponerlo a salvo, intramuros, de cualquier agresión.
La Cámara también definió como objetivo prioritario de la
investigación la recuperación del dinero supuestamente robado. "Teniendo
en consideración la hipótesis delictiva objeto de pesquisa y la magnitud de los
montos comprometidos cuya incautación y afectación a la causa resulta una de
las tareas primordiales del juez, deviene ineludible mantener la restricción
(de la libertad) cuestionada para evitar también que el imputado realice
conductas tendientes a sustraer del alcance de la justicia los bienes y/o el
provecho del ilícito imputado".
¿Ha sido exitosa, hasta ahora, la investigación? A juzgar
por los parámetros mediáticos que hablan del "robo de 36 mil millones de
dólares", uno o varios PBI, o lo parece. El informe publicado en el CIJ
explica que después de 70 allanamientos realizados en todo el país, 52
indagatorias y 17 arrepentidos se secuestraron unos seis millones de pesos, poco más de un millón de
dólares, 235 mil euros y 250 cuadros. «
Fuente:Tiempo Argentino
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