Any Pereyra ,el día en que decidí participar en política, lo hice convencida de que buena parte de la realidad que vivimos, puede en verdad transformarse.
Que la vida de las personas puede mejorar, que es posible crecer en comunidad y en común unión, sin necesidad alguna de dañar al que tengo al lado.
Pero claro, visto con los ojos de una sociedad que percibe que el daño se hace desde la política y desde quienes ejercen el poder, el descreimiento está a la orden del día.
Y hay miles de razones para que la gente cada vez crea menos en quienes gobiernan.
Sin embargo, por estos días venimos viendo a lo lejos, una luz de esperanza.
Los casos de corrupción ligados al poder gobernante y al poder económico, son hoy denunciados y condenados.
La justicia que también miraba de reojo y parecía contaminada, profundiza su accionar y hace lo que tiene que hacer.
Ni más ni menos.
Una investigación profunda y el buen desempeño de un Estado que parece decidido a acabar con la corrupción, nos alienta a creer y esperanzarnos con otra realidad.
Aquellos que se enriquecieron ilícitamente durante años, deben pagar por lo hecho. Sin importar quien sea.
ORGANOS DE CONTROL – FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
Lo que pasa ahora en el país con la justicia, también debería suceder aquí, en Corrientes.
Sin embargo, no ocurre.
Desde la época de la Intervención Federal año 2000, un importante organismo de contralor de la Administración Pública (puesto en funcionamiento durante el gobierno del Dr. Leconte), e incorporado en la reforma constitucional del 2007 se encuentra sin funcionar.
Por estas y otras razones, en la sesión de Diputados del pasado miércoles, presenté un proyecto de resolución que solicita al poder Ejecutivo, ponga en funcionamiento de forma acelerada, a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y designe al Fiscal respectivo, según lo establece el artículo 144 de la Constitución Provincial.
Aunque parezca mentira, han pasado 11 años desde que este organismo de control se ha incorporado a nuestra Constitución y 27 años desde que fue puesta en funcionamiento por primera vez, y sin embargo el organismo que debe controlar e investigar a funcionarios, no lo hace.
A contramano de lo que hoy se exige y se hace.
Es decir, aquí casi no se controla o lo que es peor, puede que quien deba hacerlo, mire para el costado.
Debería ser una obligación de funcionarios y legisladores, rendir cuentas. Y debería existir quien fiscalice.
Como también, Diputados y Senadores, deberíamos exponer ante la sociedad que nos eligió, nuestro trabajo cotidiano, para que esta se interiorice, nos sugiera y exija.
Si queremos cambiar la realidad, empecemos por casa. Y demos el ejemplo.
Aquí hay mucho por hacer.
Y no es una utopía pensar en transparencia y honestidad, ligada al poder.
Se trata de cumplir con el mandato otorgado.
Y empezar a pensar, porque no, en la rehabilitación de la política y en un mejor futuro.
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