Después de tantas irregularidades que ya no se pueden
ocultar, y de las detenciones ilegales que dispuso en los últimos tiempos
-suponiendo que se podía llevar a todo el kirchnerismo por delante-, el juez
federal Claudio Bonadio tendría los días contados, al menos al frente de las
causas que tienen como centro de su obsesión persecutoria a Cristina Kirchner.
Así está circulando con insistencia en los tribunales de
Comodoro Py, por lo que en la Casa Rosada observan con preocupación la
posibilidad de que continúen cayendo, una tras una, las acusaciones contra ex
funcionarios del gobierno anterior, por falta de pruebas.
De esta manera, es de imaginar que esa posibilidad
profundizaría la grieta que se viene dando entre el Gobierno y el Poder
Judicial, que estalló cuando la Corte Suprema promovió la conformación de un
nuevo tribunal oral para juzgar a la ex presidenta.
El juicio por el memorándum firmado con Irán por el que
Bonadio apunta a Cristina, puede llegar a convertirse en un efecto ‘boomerang’
para el juez de la eterna corbata floja. Si finalmente se termina exculpando a
la ex presidenta y a los otros encausados, como Carlos Zannini y el ex
canciller Héctor Timmermen, entonces bien cabría la posibilidad que el acusado
termine siendo el magistrado por las detenciones ilegales.
Cuando allá por diciembre Bonadio dispuso las capturas de
los ex funcionarios kirchneristas –incluida la de CFK-, en los despachos
oficiales analizaron las inevitables consecuencias políticas y el costo que
podría pagar el Gobierno por la embestida del juez. El jefe de Gabinete, Marcos
Peña, llegó a decir que “los argentinos conocen al presidente Mauricio Macri, y
saben que no vino a manipular la Justicia”.
Es que la preocupación también se extiendió a la mirada
crítica desde el exterior sobre lo que se observa como una burda persecución
judicial a opositores, con la imagen de que “en Argentina, muchos están en una
especie de libertad condicional”.
Por ejemplo, la organización de derechos humanos Human
Rights Watch (HRW) calificó como “descabellado”, “inverosímil” y sin
“fundamentos serios”, el procesamiento dictado por Bonadio contra la ex
presidenta, su canciller, y otras diez personas en la causa que investiga el
supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado a la AMIA.
“Cualquier funcionario que haya participado en hechos de
corrupción debe ser debidamente procesado y sancionado, pero el procesamiento
inverosímil de Bonadio no contribuye en nada a promover la justicia en la
Argentina”, destacó el prestigioso organismo.
Mientras el desafuero a Cristina en el Senado está casi
descartado, en la Casa Rosada temen ese efecto ‘boomerang’ que puede generar
toda esta situación, con la posibilidad cierta de generar una impensada unidad
entre distintas fuerzas políticas, algunas de ellas aliadas con el Gobierno,
frente a lo que observan como una operación salvaje por parte del juez.
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