Como una parodia de Luis XIV, el presidente Mauricio Macri
afirmó que “El Estado soy yo” y le ordenó al procurador interino, Eduardo
Casal, que desplace del cargo de fiscal federal a Juan Pedro Zoni, quien tenia
a su cargo la investigación penal presunta defraudación contra el Estado en el
manejo de la causa Correo Argentino (que afecta directamente a la familia
Macri) y, antes, había promovido la investigación por presunto “lavado de
activos” contra Sara Garfunkel, la madre del difunto fiscal Alberto Nisman, por
la propiedad de terrenos en Punta del Este y otras inversiones sobre las cuales
existían dudas sobre su origen.
El argumento fue formal: Zoni fue designado por concurso
para una fiscalía en Santiago del Estero que nunca fue creada. Era un fiscal sin
fiscalía, y Alejandra Gils Carbó lo designó –primero interinamente, luego de
manera definitiva- en la fiscalía federal número ocho de la Capital Federal.
Según Casal, el traslado fue nulo porque “el magistrado debe estar cumpliendo
funciones en un cargo para que pueda ser trasladado a otro lo cual, según ha
quedado expuesto, no ha ocurrido en el caso. Es que, al no haberse habilitado
la dependencia de origen, mal podía invocarse la existencia o disponerse un
traslado desde ella hacia otra”.
Lo curioso es que al anular la designación como fiscal
federal porteño, la situación se retrotrajo al estado anterior. Es decir Zoni
volvía a ser fiscal sin fiscalía, porque la de Santiago del Estero sigue sin
crearse. Sin embargo, en la misma resolución, el procurador Casal lo designó en
una fiscalía de instrucción, donde se investigan delitos comunes y no casos de
corrupción de funcionarios públicos.
El procurador interino (dejará de serlo próximamente, pues
ya se publicaron en el Boletín Oficial de la candidata de Macri, Inés Weinberg
de Roca, para suceder definitivamente a
Gils Carbó), avaló tácitamente en la misma resolución otros traslados. “Tampoco
sirve para sustentar la decisión bajo análisis la referencia a los dictámenes
de la Asesoría Jurídica, a la que no se dio intervención en este caso, pues
ellos fueron emitidos en relación con supuestos que se dicen análogos pero que
no lo son. En efecto, a diferencia del presente, los antecedentes que se
citaron se refieren, precisamente, a ‘magistrados que se encontraban prestando
funciones en una fiscalía y fueron trasladados a otra”.
¿Quién está en esa situación? Por ejemplo, Ignacio Mahiques,
fiscal del fuero penal ordinario designado para colaborar con Gerardo Pollicita
en las acusaciones contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Mahiques es hijo de un juez de Casación que fue antes ministro de Seguridad de
la gobernadora María Eugenia Vidal, y hermano del viceministro de Justicia y
representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.
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