La CPM, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de
la Tortura, intervino a partir de una denuncia formulada por el defensor de
Casación Mario Coriolano. “Abusos sexuales, torturas colectivas, aislamiento
extremo”, fueron los delitos aberrantes constatados.
“Abusos sexuales, torturas colectivas, aislamiento extremo”,
fueron los delitos aberrantes constatados en la Comisaría Tercera de La
Tablada, en el partido de La Matanza, que fue desalojada e intervenida luego de
una “inspección sorpresiva” realizada por la Comisión Provincial por la Memoria
(CPM). Las requisas vejatorias que se constituyeron en abusos sexuales en esa
dependencia donde se alojan mujeres fueron cometidas por policías varones y una
agente femenina a la que las víctimas llaman “la ginecóloga”, por la modalidad
abusiva que empleó. Los episodios denunciados ocurrieron el 19 de diciembre
pasado y el 5 de enero de este año, con intervención de treinta hombres del
Grupo de Apoyo Departamental (GAD), un cuerpo especial que de ninguna manera
debería intervenir en una cárcel de mujeres.
Los del GAD, a quienes llaman “paleros”, por razones obvias,
fueron acusados de golpear, amenazar, insultar y de burlarse de las víctimas
con “frases racistas, estigmatizantes y prejuiciosas”. La CPM, en su carácter
de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, intervino a partir de una
denuncia formulada por el defensor de Casación Mario Coriolano. Luego de
realizar denuncias ante organismos administrativos y judiciales, la CPM se
reunió con el ministro de Seguridad provincia, Sergio Berni, quien dispuso la
intervención de la comisaría.
Las víctimas relataron que la situación interna se agravó
desde la asunción como jefe de la seccional del subcomisario Leonel Gómez. En
el primer episodio las víctimas fueron 14 mujeres, en el segundo 15, y cuatro
de ellas estuvieron presentes en las dos ocasiones. Tras sufrir los abusos y
las torturas, todas fueron “disciplinadas, castigadas y amenazadas”, con el
propósito de garantizar la impunidad del personal involucrado. Les prohibieron
ver televisión, encender la radio y hasta le quitaron los relojes. Sólo se
podían comunicar con familiares y amigos a través de cartas.
En el episodio ocurrido en diciembre intervinieron alrededor
de 30 hombres, los “paleros” del GAD, que ingresaron a las celdas de la parte
de atrás de la comisaría. Junto con ellos entró también “una agente policial a
la cual las mujeres detenidas apodaron ‘ginecóloga’ por la forma en la cual
ejerció actos de tortura y violencia sexual”.
En la denuncia penal formulada por la CPM se precisó que esa
mujer “se encontraba de guardia el día de la inspección” realizada por el
organismo de derechos humanos el 20 de enero, entre las 11.25 y las 15. Se
trata de una mujer “de mediana estatura, castaña de alrededor de 28 años”, que
el día de los hechos no llevaba ningún tipo de identificación.
Los hombres del GAD obligaron a las detenidas a ingresar a
las celdas, mientras la mujer, con guantes, las sometía a un trato humillante
en sus partes íntimas. Todas tuvieron que pasar por el mismo maltrato sexual,
en presencia de los “paleros”, que se burlaban con aberrantes frases machistas.
Una de las víctimas, por resistirse, fue esposada y la
sacaron a los golpes de la celda para llevarla a otra. Luego del abuso sexual,
los policías desplegaron una serie de acciones para garantizar su impunidad y
trasladar la responsabilidad de estos hechos a las mujeres víctimas. Las amenazaron
para que no cuenten nada, las aislaron durante cinco días en sus celdas, donde
tenía que hacer sus necesidades fisiológicas porque no las dejaban pasar a los
baños. A los familiares de las víctimas les dijeron que ellas “están locas”
porque denunciaban hechos inexistentes.
El segundo episodio ocurrió el 5 de enero al mediodía, otra
vez en las celdas traseras. Esta vez los agentes del GAD fueron cerca de 15. A
las detenidas las hicieron desnudar en el baño común, un espacio de 1,50 por 2
metros.
Las hicieron poner en cuclillas por más de dos horas, las
obligaron a hacer flexiones, una prácticamente sobre otra, al punto que “las
colas de unas chocaban con las caras de otras”. Esto, sin tener en cuenta que
algunas de las víctimas “estaban indispuestas”. Y tuvieron que escuchar las
frases de los “los paleros”, que las llamaban “sucias, son un asco”.
También las golpeaban “para que obedezcan”, al punto que
“una de las jóvenes se descompuso, y cuando iban a llevar al hospital, esta
situación descomprimió (…) y finalmente las dejaron en paz”. Las chicas
contaron a los abogados de la CPM “con mucha angustia que muchas no podían para
de llorar frente al hecho que estaban viviendo”.
En la denuncia penal se señaló que la Corte Interamericana
de Derechos Humanos considera que “la violencia sexual no sólo constituye un
acto de violencia contra las mujeres en los términos del artículo 2 la
Convención de Belém do Pará, sino que en algunos casos, también puede
constituir un acto de tortura de conformidad con lo establecido en el artículo
2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. La CPM presentó un hábeas corpus preventivo,
una denuncia penal, y solicitó la intervención de la Dirección de Asuntos
Internos y del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
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