“Señora, su hijo murió a mi lado”
El juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, citó a
indagatoria a 18 militares por las torturas y abusos cometidos a soldados
durante el conflicto. Aquí el primer abogado que querelló ofrece su testimonio.
Luego de recibir decenas de testimonios de ex soldados
combatientes en las Islas Malvinas durante agosto de 2005 a marzo de 2007, y
obtener algunos pocos documentos oficiales, presenté en 2007 en el Juzgado
Federal de Rio Grande la denuncia por las torturas a las que fueron sometidas
los soldados por parte de sus propio jefes y superiores. Pedí que se
investigasen los estaqueos y el hambre extremo de los soldados.
Más tarde surgirían también los enterramientos y las picanas
eléctricas realizadas con los antiguos teléfonos de campaña, entre otras
prácticas. En cuanto al hambre, los registros médicos militares posteriormente
desclasificados hablan de más de 90 soldados desnutridos y no refieren a casos
similares de oficiales y suboficiales. Todo eso en el medio de ovejas inglesas
pastando, depósitos llenos de alimentos y el fenomenal aporte alimentario del
pueblo argentino. La muerte de varios soldados por hambre y un soldado
asesinado por un tiro en la cabeza de su superior sin otro motivo más que un
rencor personal del homicida, marcaban un contexto imposible de vincular con
una fatalidad o error bélico.
Desde esa fecha decenas fueron las victimas que sumaron su
caso a la investigación: soldados judíos torturados por su condición de judío,
otro por llegar tarde a la formación riéndose y todos los demás por procurar
desesperadamente algo para comer.
No terminaron en Malvinas las penurias para los soldados. No
bastó el horror bélico. Al regreso encontraron el trato repudiable. Volvieron a
sus cuarteles de noche, ocultos como si hubieran cometido una deshonra.
Debieron enfrentar a oficiales de Inteligencia que les advertían “que debían
guardar silencio sobre lo pasado en Malvinas”, como reza uno de los testimonios,
ya que podían ser considerados traidores a la patria o culpables de revelar
secretos militares. Y estábamos en 1982, en plena dictadura militar, la misma
que meses antes había dicho que “las urnas estaban bien guardadas” y que “no
hay plazos, sino objetivos”.
Como las Fuerzas Armadas no dispusieron un operativo para
avisar a los familiares del fallecimiento de los soldados, fueron ellos mismos,
doloridos por ver a los padres pedir explicaciones y saber de sus hijos, los
que asumieron la dura tarea de decir la verdad a sus familiares: “Señora, su
hijo murió a mi lado. No está prisionero ni encerrado en un manicomio”.
La desmalvinización concretó una tarea de silenciamiento,
por años y fue en el contexto de la reapertura de los juicios por los crímenes
de lesa humanidad que se pudo hablar. Varios de ellos nunca habían contado sus
dolores. A las víctimas les fue impuesto como vergüenza el estaqueamientos. Los
victimarios respiraban tranquilos. El silencio daba sus frutos y ellos mismos
podían tratarse de héroes olvidándose del trato brindado a sus soldados,
indigno de código de conducta de un
oficial sanmartiniano que se precie de tal.
“Hablemos bajito, que mi señora está cerca y no sabe nada” o
“Quiero contar lo que me pasó, para poder juntar fuerzas y decírselo a mis
hijos”. O también, “Hay que ir con la verdad por la vida” fueron algunas de las
frases que escuché. Claro, el dolor de las víctimas siempre se cuenta en tiempo
presente.
Esta investigación y sus relatos solo fueron posibles en un
contexto de verdad y justicia. El mismo que permitió a otras víctimas de la
dictadura, pero esta vez en los campos clandestinos de detención, en el
territorio continental argentino, poder hablar abiertamente de su militancia
política o de los vejámenes sexuales, por ejemplo.
Una sociedad que debate sobre las atrocidades de su pasado
debía también hacer un lugar para los dolores de los combatientes, porque como
decía el gran patriota latinoamericano Augusto Sandino “un soldado que luchó
por su Patria, y no le pidió a ella un palmo de tierra para ser sepultado,
merece por lo menos ser escuchado, comprendido y respetado”. La democracia
argentina no siempre escuchó, comprendió y respetó la voz demandante de los ex
combatientes.
La denuncia avanzó, aun en el medio de distintos avatares
judiciales. Todo parecía que quedaría en la nada después de un fallo judicial
adverso de la propia Corte Suprema de Justicia en febrero de 2015. Días
después, en el discurso de apertura del año parlamentario la Presidenta
Cristina Fernández asumió, luego de criticar duramente el fallo, el compromiso de acompañar a las víctimas a
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el que se concretó con el
Decreto de Desclasificación de los archivos militares existentes en el
Ministerio de Defensa y las distintas fuerzas relacionados con Malvinas. En
septiembre del mismo año el ministro de Defensa Agustín Rossi entregó a los ex
combatientes todo el material desclasificado. No solo demostraba la veracidad y
justicia del reclamo sino que incluso evidenciaba que los casos de torturas y
vejámenes judicializados eran solo una parte de los casos existentes en los
propios archivos militares.
Esta denuncia y su devenir judicial provocaron también la
desclasificación, en 2012, del Informe o Comisión Rattembach. Ante el escándalo
que había provocado su publicación en 1983, la dictadura ordenó su
clasificación como “Secreto Militar y Político”. Fueron los insistentes
reclamos de la magistrada a cargo de la investigación fueguina,Lilian Herraez y
el reclamo de verdad que ya recorría el país, lo que motivo el fin de su
secreto. Por meses todos los informes desclasificados pudieron ser consultados
en la web del Ministerio de Defensa.
Ese mismo 2015 el Centro de Ex Combatientes de las Islas
Malvinas de La Plata, más conocido como el CECIM, que acompaño el reclamo de
verdad y justicia desde el primer día y por esos tiempos ya actuaba como
querellante en la causa, denunció a la República Argentina en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, presentación que fue aceptada como “Caso”
en el mismo año. Desde 2016 el Estado aceptó el trámite de solución amistosa y
en este momento allí se encuentra, aunque para los conocedores del sistema, no
creen que avance atento el poco interés del Gobierno Nacional en encontrar un
camino que permita profundizar las investigaciones. Increíblemente se da una
nueva paradoja, vergonzosa, la de los héroes de un país que tienen que buscar
Justicia fuera del suyo, porque el que ofrecieron su vida en campo de batalla,
allí no la encuentran.
En mayo de este año la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad del Ministerio Publico Fiscal de la Nación presentó una imputación
por torturas contra 26 oficiales y suboficiales, que incluía modestos
suboficiales y a un alto oficial, el general Omar Parada, uno de los que no
fueron alcanzados por la reciente resolución judicial de citación a prestar
declaración indagatoria, pese a que el reclamo fiscal, el del CECIM y el de la
Comisión Provincial por la Memoria, que también querella en la causa, fue la de
que se ordene la detención de los imputados atento la magnitud de los crímenes
acusados y el quantum de la pena previsto para quienes aplicaban torturas en el
ordenamiento legal vigente por aquellos años.
Con la reciente citación a prestar declaración indagatoria
se dio un paso trascendente en busca de la verdad y la justicia. Era esperado.
Las victimas lo exigían y a veces citaban a San Martín: «La patria no hace al
soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa
la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos
sacrificios se sostiene” .
* Ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes.
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