Otro impacto político para el
Gobierno
En un extenso debate que se
prolongaba hasta la madrugada, la oposición aseguraba contar con los votos para
convertir en ley el proyecto. En el Gobierno confirmaban el veto presidencial y
aún se estudiaba el momento de anunciarlo.
Por Sebastian Abrevaya
Pasada la medianoche, el Senado se encaminaba a darle un duro golpe político al Gobierno de Mauricio Macri. La Cámara alta convertía en ley el proyecto de Emergencia Tarifaria, que retrotrae los aumentos de luz, gas y agua a noviembre de 2017 y prohíbe su actualización por encima del índice de variación salarial hasta 2019. El debate se extendió por más de 10 horas y estuvo atravesado por el enojo del oficialismo, que tildó a la propuesta como “demagógica”, “irracional”, “ilegal” e “inconstitucional”, entre otras descalificaciones y críticas.
Desde las distintas bancadas
opositoras pusieron el énfasis en el costo social del tarifazo, las
dificultades para pagar los servicios tanto de los usuarios particulares como
de las pymes y en la desigualdad con la que el macrismo le exige a los
distintos sectores que enfrente el ajuste. Según fuentes parlamentarias, el
Presidente vetará la medida, aunque en la Casa Rosada todavía estaban evaluando
el momento más oportuno para hacerlo.
Tras semanas de intensas
negociaciones, acusaciones cruzadas, presiones a legisladores y gobernadores,
Cambiemos sufrió una derrota en el peor momento de su gestión. Una amplia
mayoría del interbloque Argentina Federal, el Frente para la Victoria-PJ y
otras bancadas más pequeñas decidieron acompañar la media sanción de la Cámara
de Diputados. Hasta último momento el oficialismo intentó lograr que distintos
senadores de la oposición cambiaran de postura o bien se retiraran al momento
de votar. Incluso en horas de la tarde circuló la versión sobre una posible
maniobra para enviar de vuelta el proyecto a Diputados: Un grupo de senadores
del peronismo podía darse vuelta y votar en contra un par de artículos durante
el tratamiento en particular. Finalmente
no ocurrió. Por la noche, el puntano Adolfo Rodríguez Saá se volvió
sorpresivamente a su provincia, dejando un voto menos para la aprobación. La
neuquina Lucila Crexell directamente blanqueó que negoció con Frigerio una
prórroga a la ley de emergencia frutícola (que afecta a su provincia) a cambio
del voto en contra. “Hay un ámbito de negociación, y en mi caso antepongo los
intereses de mi provincia”, reconoció en los pasillos del Senado. Pese a los
esfuerzos y la presión, la oposición todavía tenía anoche un margen para garantizarse
el triunfo. El sindicalista de los
trabajadores petroleros, Guillermo Pereyra, que el martes había participado de
una reunión en Casa Rosada y se contaba como un voto negativo, expresó sus
diferencias con el proyecto de Diputados pero le reprochó al macrismo no haber
negociado una alternativa real, por lo que cambió su posición.
“Si no ponemos límite a esto, si
el Gobierno no advierte esto y quiere hacer lo que le piden sus amigos, esto no
va a terminar bien”, advirtió el peronista José Mayans, el primero en hacer uso
de la palabra. El senador formoseño fue lapidario con los problemas de política
económica del macrismo y puso el énfasis en las ganancias de las empresas
energéticas a partir del tarifazo y la dolarización de los precios. Por ejemplo,
detalló que Edenor tuvo ganancias por 688 millones de pesos el año pasado y que
este año, sólo en el primer trimestre, ya obtuvo 1.450 millones. Agregó que la
generadora Central Puerto el año pasado tuvo utilidades por 3493 millones,
mientras que el primer trimestre ya acumuló 7500 millones. Por último,
Transportadora de Gas del Sur pasó de ganar 3493 millones el en todo 2017 a
sumar sólo en el primer trimestre de 2018 unos 1734 millones. “No escuchan
nada, nos llaman al diálogo y nos quieren imponer un plan económico que ya
fracasó. Si no hay reflexión, vienen tiempos peores… Con tasas al 40 por
ciento, ¿qué país puede funcionar con esas tasas?”, insistió el senador.
El primero en responder fue el
senador Esteban Bullrich, cuya mejor defensa del tarifazo fue el ataque a la
política energética del kirchnerismo. “Este proyecto es irresponsable, es
demagógico. Es inconstitucional porque interviene en facultades propias de la
nación y las provincias”, aseguró el senador bonaerense, quien advirtió que el
proyecto de Diputados mantiene los beneficios para la ciudad y la provincia de
Buenos Aires, en perjuicio de las provincias del interior que pagan tarifas
mucho más altas. “Esto no es una solución, y lo saben. Lo reconocen pero le
quieren mandar un mensaje al Ejecutivo. El mensaje el Ejecutivo lo escuchó,
sino no habría otro proyecto. Pongamos a la Patria por delante. Es posible que
lleguemos a un acuerdo y discutamos un proyecto razonable”, concluyó, buscando
un tono conciliador contradictorio con la acusación de “inmoral” y “demencial”
a la política tarifaria del anterior gobierno.
Desde el FpV-PJ, la mendocina
Anabel Fernández Sagasti aseguró que “la política energética de Macri es una
estafa nacional” porque “transfiere millones de pesos del bolsillo de los
ciudadanos a un grupo de empresarios amigos del poder”. La senadora aseguró que
la política de subsidios de Argentina sobre el gas y la luz está “por debajo
del promedio internacional de los países desarrollados”. Además, advirtió que,
según el ente regulador del sector, “la cantidad de usuarios afectados por
cortes de luz entre diciembre de 2016 y 2007 aumentaron un 60 por ciento”.
“Queremos una política tarifaria con rostro humano, donde la energía no sea una
mercancía, sino más bien una herramienta de desarrollo para el país”, agregó su
compañera de bancada, la santafesina Marilin Sacnun.
El único senador del Bloque
Justicialista que anunció los días previos su rechazo al proyecto ayer se llamó
a silencio. Rodolfo Urtubey no integró la lista de 52 senadores que pidieron la
palabra. Tampoco hizo declaraciones mediáticas. Su postura quedó en soledad,
pese a que la semana pasada el dictamen había contado con tres firmas más en
disidencia.
El cordobés Carlos Caserio,
hombre del gobernador Juan Schiaretti, lanzó una importante advertencia a
Cambiemos. Primero reflejó el malestar que les provocó el discurso de Macri del
lunes: “El discurso del presidente, que fue hasta agraviante con nosotros, y si
encima nos amenazan con el veto eso inclinó nuestro pensamiento”, dijo y
remató: “Les pido que no rompamos todo. Estuvieron hasta último momento
tratando de lograr que hoy no votemos esto. Si para ustedes eso es la política,
bárbaro, pero no jueguen con fuego porque nos necesitamos todos”.
La radical Silvia Elías de Pérez,
una de las más firmes defensoras del Gobierno en el Senado, también arremetió
contra la gestión anterior. “Haber tenido congelamiento tarifario con subsidios
indiscriminados y cruzados causaron la verdadera emergencia”, aseguró, para
ensayar luego una mirada positiva: “Argentina tiene futuro, vamos por el camino
correcto”.
En este contexto de conflicto,
incluso con la oposición más cercana al gobierno, Mauricio Macri se enfrentaba
a la madrugada con la noticia de tener que recurrir a su segundo veto como
Presidente. El primero había sido cuando se aprobó la ley antidespidos, que
impedía las desvinculaciones por un año e imponía una doble indemnización.
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