El 24 de marzo de 1976 una nueva
sublevación militar derrocó a la Presidenta María Estela Martínez de Perón
instalando una dictadura de tipo permanente (Estado burocrático autoritario)
autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», gobernada por una Junta
Militar integrada por tres militares, uno por cada fuerza. A su vez la Junta Militar elegía
a un funcionario con el título de «presidente», con funciones ejecutivas y
legislativas.
Al igual que la dictadura
anterior, la Junta
Militar sancionó en 1976 un Estatuto y dos Actas de carácter
complementario con jerarquía jurídica superior a la Constitución.
El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas:
1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio
Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando
Lambruschini y Omar Domingo Rubens Graffigna
1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri,
Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo
1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén
Franco y Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas, las
juntas designaron como «presidentes» de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto
Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone
respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército. Bignone, fue el único
"presidente" que no perteneció a la junta.
El «Proceso de Reorganización
Nacional» llevó adelante una guerra sucia en la línea del terrorismo de Estado
que violó masivamente los derechos humanos y causó la desaparición de decenas
de miles de personas.
Internacionalmente, la dictadura
argentina y la violación de derechos humanos contó con el apoyo activo del
gobierno de Estados Unidos (salvo durante la administración de James Carter) y
la tolerancia de los países europeos, la Unión Soviética y la Iglesia Católica.
Asimismo, en ese momento se instalaron con apoyo estadounidense dictaduras
militares en todos los países del Cono Sur de Sudamérica (Argentina, Brasil,
Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay) que coordinaron entre sí y con
Estados Unidos la represión, por medio de una organización terrorista
internacional denominada Plan Cóndor.
En materia económica, la
dictadura entregó formalmente los ministerios económicos a las asociaciones
empresarias más conservadoras que impulsaron una política económica abiertamente
desindustrializadora y neoliberal, con máxima expansión de una deuda externa
En 1982 el gobierno militar
emprendió la Guerra
de las Malvinas contra el Reino Unido, en un acontecimiento sobre el cual
siguen siendo muy oscuras las causas desencadenantes. La derrota infligida
provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta
llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el
candidato de la Unión
Cívica Radical, Raúl Alfonsín, quien asumió el 10 de diciembre
de 1983.
Los jefes militares fueron
enjuiciados y condenados, y muchos de ellos llevados a prisión, en complejos
procesos que se extendieron en el tiempo.
La dictadura militar llamada
«Proceso de Reorganización Nacional» fue la última. Si bien entre 1987 y 1990
se produjeron varias insurrecciones militares, denominadas carapintadas,
ninguna de ellas logró derrocar a los gobiernos democráticos.
Cuestiones generales
Los golpes de Estado en Argentina generaron una serie de problemas
jurídico-políticos específicos:
La doctrina de los gobiernos de facto de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ;20
La validez y suerte de los llamados
"decretos-leyes" y demás normas sancionadas por los gobiernos
militares, una vez finalizada la dictadura;
La sanción de los golpistas.
También es posible observar una
escalada en la violencia represiva y una paralela reducción del respeto por las
formas legales en cada uno de los golpes. En particular, mientras que los
cuatro primeros golpes de Estado (1930, 1943, 1955 y 1962) se definieron como
"gobiernos provisionales" y manifestaron desde un inicio su intención
de llamar a elecciones democráticas en un breve lapso, los dos últimos golpes
(1966 y 1976), establecieron dictaduras militares de tipo permanente, de acuerdo
al modelo de Estado burocrático autoritario (EBA) descrito por Guillermo
O'Donnell.
Un elemento importante de los
golpes de Estado en Argentina está relacionado también con los planes
económicos y la actitud ante los mismos de las grandes potencias mundiales. En
el primer caso, los equipos económicos de los gobiernos militares tendieron a
recurrir a las mismas figuras, mayoritariamente provenientes del sectores
conservador-liberal, llegándose a decir que las Fuerzas Armadas se comportaron
como partido político de la clase alta.21 22 En el segundo caso en casi todos
los golpes de Estado la o las potencias mundiales hegemónicas en el país,
tuvieron participación directa, ya sea en su realización o posterior protección
de los golpistas.23
A partir de la década del 60 los
golpes de Estado en Argentina formaron parte de un cuadro subregional y regional
más amplio, de golpes militares generalizados en Sudamérica y América Latina,
en la mayoría de los casos apoyados o promovidos por Estados Unidos, a partir
de las operaciones de la
Escuela de las Américas con base en Panamá y la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Durante la Convención Constituyente
que en 1994 reformó el texto de la Constitución Argentina
se discutió largamente la doctrina de los gobiernos de facto y la forma de
evitar que la misma pudiera volver a invocarse en un eventual golpe de Estado
futuro. El resultado fue la aprobación del primer párrafo del artículo 36 de la Constitución Nacional ,
conocido también como de "defensa de la democracia o defensa del orden
constitucional":
Publicado.FM Universo 94.3-Ramon A. Bohle-Edid A. Medina
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